Eliminar las comarcas "tal y como existen ahora" y recuperar el modelo "mejorado" de las mancomunidades, en el que los municipios se asocian voluntariamente para prestar aquellos servicios que no pueden ofrecer por sí solos. Es la propuesta que defenderá mañana el PSOE en el pleno de las Cortes en su enmienda a la totalidad a la proposición de ley de distribución de competencias entre entidades locales.

El texto alternativo, que ya adelantó este periódico, no prosperará puesto que lo rechazan tanto los grupos que sustentan al gobierno, como el resto de la oposición. PP y PAR otorgan más competencias y funciones a las comarcas en su propuesta legislativa y mantienen el poder de las diputaciones.

De hecho, prevén que los 400 municipios aragoneses de hasta 250 vecinos puedan delegar su gestión en las comarcas, y que las diputaciones tutelen los servicios básicos que prestan los ayuntamientos de hasta 5.000 habitantes. Mientras CHA e IU son partidarios de seguir conservando las comarcas y suprimir los órganos provinciales.

Los socialistas entienden, sin embargo, que la "regeneración democrática" pasa también por "simplificar y adelgazar las estructuras administrativas". Y cargan contra la "perversión democrática" que a su juicio supone dotar de más competencias a comarcas y diputaciones, "elegidas de forma indirecta", en detrimento de los municipios, "elegidos directamente por los ciudadanos".

Por eso, y doce años después de haber impulsado junto al PAR el actual modelo comarcal, apuestan por su progresivo desmantelamiento para recuperar el "antiguo espíritu de las mancomunidades". Pretenden que solo la Comunidad Autónoma y los municipios tengan competencias y que sean los ayuntamientos quienes decidan mancomunar o no servicios en unas comarcas, que mantendrían su denominación, pero que dejarían de tener consejeros comarcales y serían dirigidas directamente por los alcaldes.

"Tienen que ser despolitizadas de arriba abajo", defendió ayer el secretario general de los socialistas y presidente del grupo parlamentario, Javier Lambán, quien insistió en que han de ser los alcaldes, que tienen "la legitimidad democrática", quienes han de gestionarlas. Con esta medida, subrayó, también se conseguiría recortar gasto.

Consciente del revuelo que su propuesta ha generado en el territorio (incluido en su propio partido y pese a haber sido pactada), Lambán admitió que la reforma que propugna es "profunda y valiente", pero apostó por aplicarla de "forma paulatina y pausada". No en vano, el PSOE plantea un periodo de transición no inferior a dos años para adaptar el modelo al nuevo mapa administrativo. En todo caso, esta "descomarcalización" requeriría, según el texto alternativo que se votará mañana, el voto favorable de un mínimo del 80% de los municipios que compongan la comarca y que a su vez supongan el 80% de la población de la demarcación territorial.

Se quiere asegurar sobre todo que no se dejen de prestar servicios, especialmente en municipios ubicados en zonas con baja densidad de población. Durante ese periodo transitorio, habría de aprobarse también, según los socialistas, un nuevo marco de financiación para los ayuntamientos sin esperar a la reforma por parte del Estado.

Supresión de diputaciones

La propuesta del PSOE también abre la puerta a la supresión de las diputaciones provinciales, una vez reformada eso sí la Constitución, ya que son competencia del Estado y la Comunidad no puede por el momento decidir sobre ellas. "A la larga, habrá de haber una sola estructura intermunicipal", argumentó.

A la espera de esa reforma constitucional que defiende su partido a nivel federal, y tras haber sido durante 12 años presidente de la DPZ, Lambán abogó por despolitizar las diputaciones y por que ejerzan un labor de "asistencia y apoyo" a los ayuntamientos. Además, propuso acabar con los fondos discrecionales que reparten y que su distribución se haga con criterios "previos, objetivos y reglados".