A principios de este mes, el Gobierno aprobó la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. De ella se ha destacado la lucha contra la piratería en internet y la denominada “tasa Google”, que obliga a los agregadores de noticias a pagar una compensación a los editores. Sin embargo, poco se ha hablado sobre los cambios que se han realizado para controlar la difusión de documentos para la docencia y la investigación a través de internet, como por ejemplo, aquellos que se sitúan en 'Moodle'. “Hace ya muchos años que se paga un canon por las fotocopias que se hacen para los alumnos, pero no se controlaba lo relativo a internet”, explica Antoni González, representante de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) para la Ley de Propiedad Intelectual.

Con esta modificación, el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) podrá cobrar una cuota a todas las universidades por la distribución de obras con fines educativos e investigadores. Según se estipula en la ley, la retribución se deberá acordar entre las universidades y las entidades de gestión. Sin embargo, esta reunión no se ha producido todavía. “En la actualidad la intención de Cedro es implantar una tarifa plana de cinco euros por alumno”, puntualiza González. Prueba de ello es que tanto a la Universidad de Barcelona como a la Autónoma de Barcelona y la Carlos III se les ha exigido esta cuota de cinco euros por violar los derechos de autor en el campus virtual.

Si finalmente se llegara a acordar este precio, las universidades aragonesas deberían pagar más de 224.000 euros al año, fruto de los 36.000 alumnos matriculados que tenía la Universidad de Zaragoza durante el curso 2013/2014, los 1.900 con los que cuenta la Universidad San Jorge en la actualidad y los casi 7.000 que había en las sedes de Aragón de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) durante el curso pasado. Sin embargo, ninguna de ellas quiere hacer declaraciones al respecto, puesto que están estudiando detenidamente la situación y evaluando las medidas que van a tomar.

Por su parte, la CRUE sí que muestra claramente su posición. “No estamos de acuerdo por varias razones, una de ellas es porque no se garantiza que el dinero vaya a parar a aquellos autores de los que se han utilizado obras, puesto que Cedro puede distribuir el dinero de la manera que crea más conveniente entre sus socios”, recalca González. Por otro lado, sostiene que en la actualidad es muy fácil controlar cuántas veces se ha consultado un libro electrónico o una página web. “Queremos pagar por aquello que utilizamos y teniendo la certeza de que lo que costeamos revierte en el beneficio de las obras que utilizamos”, detalla.

El problema está en que hay que llegar a un acuerdo y en el caso de que no se logre, es una comisión la que decide. También añade que aunque hay universidades que están negociando por su cuenta, lo ideal es que se unieran para conseguir hacer más fuerza. “No obstante, en el caso de la Universidad de Zaragoza, al tener muchos alumnos puede hacer más presión”, destaca. Al mismo tiempo recuerda que existe una directiva de la Unión Europea que prevé que el cobro de los derechos de autor puede tener determinadas excepciones como es la finalidad docente e investigadora. “Sin embargo, el Gobierno no lo ha querido contemplar y nos obliga a que en un año tengamos ese acuerdo con Cedro para fijar un precio y una forma de pago”, asegura.

Los efectos pueden pagarlos los estudiantes

De este modo, estos nuevos importes se suman a los crecientes problemas económicos que llevan arrastrando las universidades españolas en los últimos años. La Universidad de Zaragoza ha reducido un 10,6% sus presupuestos desde que comenzara la crisis económica en 2008. “Aunque se ha ido compensando con un incremento en la matriculación, no es suficiente para sobrellevar estos momentos y se están teniendo que tomar medidas muy drásticas como la subida de tasas universitarias”, recuerda. En concreto, en el campus público aragonés los precios han crecido un 18% en este mismo periodo.

Con estos datos es normal que aparezca el temor de que estos cinco euros se trasladen a las matrículas de los estudiantes a partir del próximo curso. “Puede que alguna universidad decida hacerlo de esta manera, sin embargo, no sería justo que nuevamente los alumnos deban pagar los gastos extras”, asevera. Al mismo tiempo, sostiene que de este modo la matrícula de los alumnos sería excesivamente elevada.