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Cortes de Aragón

Las Cortes censuran la falta de controles y el "desmedido" riesgo inmobiliario de CAI

La comisión de investigación reprueba en su dictamen la "grave falta" de implicación del consejo.

Jorge Alonso Actualizada 06/11/2014 a las 14:02
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Comparecencias. El exdirector general de CAI Tomás García Montés, en la imagen, fue una de las más de 40 personas que acudieron a la comisión de investigación, en la que los diputados interrogaron durante más de 50 horas para obtener información con la quGuillermo Mestre

"Carencia absoluta del control del riesgo, total ausencia de alertas internas y externas, desmedido riesgo inmobiliario, expansión descontrolada, selección errónea de clientes y de socios en el negocio inmobiliario, poder excesivo y carácter autoritario de la dirección ejecutiva...".

Estas son solo 6 de las 51 conclusiones en las que las Cortes de Aragón hacen una durísima y contundente crítica a la gestión de CAI desde el año 2000, especialmente por crear la sociedad CAI Inmuebles y convertirla "en la práctica" en una segunda caja que funcionó de forma "cerrada, opaca y equivocada".

En esta entidad se concentraron gran parte de los más de 3.000 millones de euros de préstamos al sector inmobiliario que acumuló CAI antes del estallido de la burbuja y que explican las ayudas públicas recibidas y su posterior integración en Ibercaja.

Todas estas conclusiones forman parte del dictamen de la comisión de investigación, al que ha tenido acceso HERALDO DE ARAGÓN y que hoy se debatirá en el pleno de las Cortes con el objetivo de aprobarlo después de seis meses de comparecencias y deliberaciones.

El documento, de 242 folios, disecciona al detalle el funcionamiento de la entidad financiera, recogiendo buena parte de los fallos y críticas que ya se expusieron por parte de los exresponsables de CAI en la Aljafería.

El dictamen se remitirá a la Fiscalía para que adopte, si procede, acciones legales, aunque se deja bien claro que no se han detectado indicios de infracciones penales.

Para hacer didáctica su lectura, el coordinador -Antonio Ruspira (PAR)- y los vocales -Marian Orós (PP), Florencio García Madrigal (PSOE), Gregorio Briz (CHA) y Luis Ángel Romero (IU)- dividen las conclusiones por bloques: análisis de riesgos, praxis, control, evolución de CAI, negocio inmobiliario y financiero y efectos de la integración en el grupo Ibercaja.

Especialmente duras se muestran las Cortes con los directores generales. "Existió una excesiva autoridad, poder y capacidad de decisión concentrada en la dirección general de la caja", señalan antes de cuestionar la "desigual, desproporcionada y poco transparente" política de retribuciones del equipo directivo.

Y concluye que sirvió para "establecer una red clientelar con la estructura directiva, con una notable falta de principios éticos en algunos casos". Además, destaca el "silencio corporativo" que regía en la entidad.

Los diputados reprueban la "grave falta de implicación" del consejo de administración y de los comités de inversiones y préstamos a la hora de analizar los riesgos, "constatando" la omisión de sus responsabilidades.

Igualmente, censuran la falta de capacidad de los directivos para gestionar y valorar el riesgo asumido, la "relajación interna" por las ganancias iniciales en el sector inmobiliario y la "falta de autoridad e independencia" de los órganos internos de control.

El grueso de las críticas se centra en CAI Inmuebles, que concentró los créditos millonarios fallidos al margen de la supervisión de la caja.

Sin citar nombres, se reprocha la selección de socios y la "insuficiente" capitalización de las sociedades participadas: "Fueron en muchos casos decisiones desacertadas y poco prudentes, adoptadas sin criterios objetivos desde la dirección general de CAI". Y estima que la expansión inmobiliaria en el centro y el sur del país "empujó de forma exponencial a la CAI a la situación final".

Recuerda que el sector promotor llegó a concentrar el 37% del crédito y provocó, tras estallar la burbuja, una pérdida de 1.400 millones.

El dictamen no escatima en críticas. Al Banco de España le recrimina que no hiciera ningún tipo de advertencias hasta finales de 2007, aunque añade que la entidad aragonesa no modificó nada hasta mediados 2010 y ni siquiera desinvirtió. También echa en falta la preceptiva tutela de la DGA que la normativa le atribuye, pero alaba que no politizara la gestión.

Reconocimiento a los empleados

Los diputados hacen especial mención al "excelente y muy eficiente" equipo humano al frente del negocio financiero minorista, que como consecuencia de su crisis ha sufrido "una merma de sus condiciones laborables", además de recortes de plantilla.

"Se constata la existencia de incertidumbres ante nuevos procesos de regulación de empleo", señala como reparo a una integración de la que destaca la conformación de la octava entidad financiera del país, "con un elevado grado de solvencia".

El dictamen también insta a hacer cambios legislativos para tener acceso a cuanta documentación sea necesaria tras la negativa de CAI, Banco de España y el FROB.







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