Las comparaciones son odiosas
El Consejo Consultivo de Aragón destaca como el más austero de todos los órganos asesores creados por las comunidades autónomas, lo que unido al hecho de que no tenga retribuciones fijas ni expolíticos en nómina lo convierten en una rara avis de la Administración
La incorporación del exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al Consejo Consultivo de Madrid, con un sueldo de 87.440 euros al año y la asignación de un secretario y coche oficial, ha puesto de nuevo en la picota a estos organismos autonómicos, clonados del Consejo de Estado y que asesoran a los gobiernos, fundamentalmente sobre reclamaciones administrativas. La realidad es que cuestan cerca de 31 millones de euros al año y que se han convertido en cementerios de políticos en al menos ocho de los dieciséis consejos consultivos autonómicos. Esta realidad nada tiene que ver con el órgano aragonés, el más austero del país y en el que no hay ni un solo político entre sus nueve miembros. Y eso pese a que dos de ellos podrían ser nombrados entre una larga retahíla de ex: presidentes, consejeros y parlamentarios autonómicos y nacionales, entre otros cargos públicos.
El presupuesto medio ronda los 1,8 millones, pero en el caso del Consejo Consultivo de Aragón se queda en 323.404 euros, el más reducido de todos, seguido por el de La Rioja, con otros 361.957 euros. Su coste no llega ni para cubrir el pico del más costoso de todos, el de Madrid, con 4,4 millones.
Ninguno de sus nueve miembros tiene sueldo y se les remunera mediante dietas, tanto por asistencia a cada reunión (255 euros) como por cada proyecto de dictamen e informe (entre 300 y 1.100 euros). Las indemnizaciones suman 166.019 euros, lo que supone que tocan a algo más de 18.000 euros por cabeza. Tampoco tienen remuneración fija los consejeros consultivos de Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia, Navarro y País Vasco.
Su labor es callada y apenas protagoniza titulares en los medios decomunicación. Una de las últimas referencias se remonta al pasado febrero, cuando emitió un dictamen favorable al polémico decreto de grandes espectáculos que prohibe la entrada de menores en aquellos donde se venda alcohol.
Eso no quiere decir que su presidente, el jurista y alto cargo de la DGA Ramón Salanova, y los ochos consejeros no trabajen, puesto que a mediados de año ya acumulaban un centenar de dictámenes de toda índole. La mayoría de ellos son relativos a reclamaciones administrativas de indemnizaciones por daños y perjuicios, aunque también han revisado de oficio resoluciones de la Administración, han analizado contratos y licencias y emitido dictámenes relativos a anteproyectos de ley y proyectos de decretos legislativos.
Su estructura es mínima. Se reduce a una auxiliar administrativa, a la secretaria asignada al presidente del Consejo Consultivo y una vicesecretaria que la apoya. Su labor de apoyo se extiende al presidente y a los ocho consejeros, seis de ellos nombrados entre juristas de "reconocido prestigio" con más de diez años de experiencia profesional y otros dos designados entre personas que hayan ocupados cargos públicos.
La última renovación se remonta a hace poco más de un año y supuso la designación de Salanova como presidente y de los juristas Antonio Embid (quien fue primer presidente de las Cortes), Juan García Blasco, José Antonio Membiela, Carlos Navarro, Francisco Sáenz de Buruaga y Francisco Javier Serrano como consejeros. Como ex altos cargos fueron nombrados el abogado del Estado y exdirector de los servicios jurídicos de la DGA, Rafael Santacruz, y el abogado y exdirector general de Recursos Humanos y de Política Interior en el Gobierno de Lanzuela, José Manuel Aspas. Ni una mujer.
Su designación contrasta con la decidida en otros consejos consultivos autonómicos, en los que constan hasta ocho expresidentes autonómicos del PP y del PSOE o el expresidente del Senado Juan Ignacio Barrero (PP). En varias autonomías, por el mero hecho de haber ocupado la presidencia del Gobierno, se reserva un sillón de forma vitalicia. A este privilegio recurrió Alberto Ruiz-Gallardón al día siguiente de dimitir como ministro de Justicia, pero con antelación lo hicieron también valiéndose de su condición de expresidentes Gerardo Fernández Albor (PP), Fernando González Laxe (PSOE) y Emilio Pérez Touriño (PSOE) en Galicia; Joaquín Leguina (PSOE) en Madrid; Francisco Camps (PP) en Valencia; Rafael Escuredo (PSOE) en Andalucía y Joaquín Espert (PP) en La Rioja.
A diferencia de muchos de estos órganos, toda la información del Consejo Consultivo de Aragón está disponible en internet, desde su dictámenes hasta sus integrantes, pasando por sus presupuestos y las remuneraciones vigentes. Solo hay que escribir su nombre en cualquier buscador.
