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Aragón

381 enmiendas a las leyes de transparencia y del presidente

La oposición lamenta que ambas normas, compromiso de Rudi al iniciar la legislatura, lleguen "tarde" y se queden "cortas"

R. G. 11/10/2014 a las 06:00
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Los grupos parlamentarios han presentando 381 enmiendas para intentar mejorar los proyectos de ley de transparencia y del presidente, comprometidos por el gobierno de Rudi al iniciar su mandato. Según la oposición, las dos normas llegan "tarde", en las "postrimerías" de la legislatura y se quedan "cortas" en el reto de renovar la gestión pública. 

Los socialistas, que defenderán 78 enmiendas a la de participación y 10 a la del presidente, criticaron que ambas normas lleguen "a escasas fechas de la disolución de las Cortes" y que la transparencia sea "para los que vienen y no para los que han estado tres años gobernando". El diputado Carlos Tomás explicó que quieren poner coto a los sobresueldos, como el que cobra la presidenta Rudi de su partido, "y que los cargos públicos solo puedan percibir un sueldo". 

El registro de intereses e incompatibilidades, en su opinión, también han de ser públicos y habría que endurecer y adecuar a la ley estatal la regulación del conflicto de intereses. En cuanto al gobierno abierto que propone la ley, lo tildó de "pura palabrería" y lamentó que "sea un desastre" todo lo relativo a la participación

CHA, por su parte, consideró que las leyes se quedan "cortas", por lo que han presentado 90 propuestas a la de transparencia y 56 a la del presidente. El objetivo es, según manifestó su portavoz José Luis Soro, "ir más allá" en la regeneración. Por ello, plantean eliminar los sobresueldos de los partidos y prohibir que los miembros de la DGAcobren dietas por asistir a consejos de administración. 

Un único sueldo

Son partidarios además de que las declaraciones de bienes y actividades se publiquen en el BOE y de que el plazo para que los exgobernantes no puedan trabajar en sociedades vinculadas a su labor sea de 5 años. Entre sus propuestas, también destacan la eliminación de aforamientos y la creación del referéndum revocatorio, por el que si el 20% del censo electoral lo pidiera podría convocarse una consulta de revocación del Gobierno.

IU ha firmado 111 enmiendas a la ley de transparencia y 23 a la del presidente. Al igual que el resto de la oposición, censuró la tardanza en traer ambas leyes a las Cortes, que llegan "a finales de legislatura" pese a ser un compromiso de la presidenta anunciado en junio de 2011. Su portavoz, Patricia Luquin, recordó que los ciudadanos demandan "más democracia y de mayor calidad" y lamentó que la normativa no avance por ese camino. 

Entre sus propuestas, destacó que la participación sea "un derecho ciudadano, que pueda controlarse y evaluarse" y que se rija por los principios de "gratuidad, veracidad, libre acceso y no discriminación tecnológica". También abogó por que partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales tengan que someterse a la transparencia que exige la ley para "dar ejemplo", y que los cargos públicos den cuenta de su actividad institucional cada año a los ciudadanos. En otro orden de cosas, IU quiere introducir en la ley un artículo para facilitar el acceso a la información sobre la represión en la guerra civil y el franquismo.

"Anteponer el interés general" a cualquier otra cuestión es el objetivo que quiere garantizar la coalición de izquierdas con sus enmiendas a la ley del presidente. De todas ellas, destaca la regulación del conflicto de intereses "personales, particulares, profesionales y familiares", incluyendo el segundo grado de parentesco, según dijo el diputado Adolfo Barrena. 

El PAR, por su parte, ha registrado doce enmiendas a la de ley de transparencia y una a la del presidente. Mandatan al Gobierno, del que son socios, para impulsar un acuerdo con todos los grupos y avanzar en regeneración y transparencia. Además, plantean que en el consejo de la transparencia haya un representante de cada grupo parlamentario, así como dos de los agentes sociales y otro de la Universidad. Y quieren acotar mejor el derecho de acceso a la información y a las agendas públicas. 
 







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