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Cortes de Aragón

Aragón actualizará por ley sus derechos históricos como garantía de su futuro

El pleno de la cámara autonómica ha tomado en consideración la iniciativa presentada por PP y PAR.

Efe. Zaragoza Actualizada 02/10/2014 a las 17:35
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El Pleno de las Cortes ha tomado en consideración la proposición de ley de actualización de los derechos históricos de Aragón, que se pretenden reivindicar como garantía de futuro, al mismo tiempo que se afirma y protege la identidad aragonesa.

La toma en consideración de la iniciativa, que fue presentada de forma conjunta por los grupos del PP y el PAR, ha contado con el apoyo del PSOE y CHA y con la abstención de IU, con lo que queda desde hoy abierto el plazo de presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.

En la exposición de motivos de la proposición se especifica que con esta ley Aragón "proclama su condición de territorio foral por legitimidad histórica y porque lo dispone su Estatuto de Autonomía", según el cual los derechos históricos de Aragón podrán ser actualizados de acuerdo con la Constitución española.

Se hace hincapié en la voluntad aragonesa de formar parte de un proyecto común, pero esto "no exige la renuncia del pueblo aragonés a sus derechos históricos".

La Constitución española proclama el respeto y amparo a los derechos históricos de los territorios que, como Aragón, tuvieron su propio derecho foral y sus propias instituciones.

Se pretende adaptar estos derechos históricos a un nuevo entorno social, receptivo y abierto a otras culturas, religiones y etnias, pero se hace hincapié en que "no se quiere una recuperación del pasado -por glorioso que pueda ser- que comprometa el desarrollo futuro".

"Momentos convulsos"

En nombre del PP ha defendido la proposición de ley la diputada Marián Orós, quien ha asegurado que también se pretende hacer frente, en estos "momentos convulsos", a quienes "interpretan la historia de manera sesgada", además de reconocer las figuras de la cultura jurídica aragonesa.

La ley regula la condición política de aragoneses, fija los principios de interpretación del Derecho foral aragonés y crea la Academia Aragonesa de la Historia, además de garantizar la protección del patrimonio histórico.

Para ello, la ley incluye una disposición adicional en la que los bienes y archivos que integran el patrimonio cultural e histórico del Reino de Aragón se declaran de interés general "a efectos expropiatorios", incluidos los que integran el patrimonio histórico-cultural de Aragón que hayan salido de su territorio sin un título válido de propiedad.

Para el diputado del PAR Manuel Blasco, en unos momentos de "tentaciones opuestas de independentismo y de recentralización", es "más necesario que nunca" marcar la voluntad de Aragón de confirmar y actualizar sus derechos.
Ha reconocido que para el PAR "no es una ley de máximos", pero ha apelado al consenso en el trámite parlamentario para "seguir avanzando en este camino milenario" y conseguir una ley que "basada en el pasado, reafirme el presente y cimente el futuro".

El socialista Carlos Tomás ha votado a favor de la proposición de ley porque es muy parecida a la que presentó el PAR al final de la pasada legislatura pasada y que el PSOE apoyó, al contrario que el PP, cuya "incoherencia" ha denunciado.

Pero Tomás ha agregado que el PSOE no compartirá "nunca" que se busquen "privilegios amparados en la historia" porque el modelo socialista es "solidario, aunque plural y adaptado a la realidad de las comunidades autónomas".
Para José Luis Soro (CHA), la actualización de los derechos históricos es una prioridad, pero "no por una cuestión de himnos y banderas", sino "como una forma de obtener más recursos para dedicarlos a los servicios públicos y exprimir al máximo las posibilidades de autogobierno".

En este sentido, ha dicho que la actualización de los derechos históricos debe suponer "ir hacia adelante y no hacia atrás", y ha recordado que los derechos históricos reconocidos al País Vasco y Navarra les sirven a estas comunidades para tener una hacienda propia.

Por su parte, el diputado de IU Adolfo Barrena ha criticado el contenido de la proposición, por "oportunista y electoralista" y porque supone una vuelta "a la España del No-Do".

Los derechos del pueblo y de la gente, ha agregado, "tienen poco que ver con los históricos", y por eso sería necesario "actualizar otros mucho más importantes" que se refieren a las necesidades de los ciudadanos.







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