IU reclama al Gobierno de Aragón prioridad para la reapertura del Canfranc

El grupo parlamentario IU Aragón solicita al Gobierno autonómico que deje de encargar y sufragar informes relacionados con la Travesía Central Pirenaica (TCP) y dé prioridad, en colaboración con el Gobierno central, a la reapertura de la línea ferroviaria del Canfranc.

Esta formación ha reclamado además, a través de un comunicado, la necesidad de buscar una conexión de mercancías desde Zaragoza en vía de alta capacidad con los corredores atlántico y mediterráneo ya que son "prioritarios para Europa y el gobierno central".

El diputado de IU por el Alto Aragón, Miguel Aso, ha anunciado que trasladará esta reivindicación a la Comisión de Obras Públicas y Transportes a través de una Proposición no de Ley, que ha registrado tras conocer que la Fundación Transpirenaica ha vuelto a sacar a licitación dos estudios para "completar y reforzar" la documentación e informes favorables a la construcción de la TCP.

En este sentido, ha apuntado que esos informes están encargados para reforzar una decisión política "adoptada" y "no para aclarar dudas que sobre la Travesía Central pudieran existir".

Por ello, a través de la iniciativa parlamentaria reclama que el Gobierno deje de sufragar informes sobre la TCP ante las dudas existentes sobre su futura realización, la viabilidad económica de la misma, los efectos perjudiciales sobre el medio natural y rural aragonés, especialmente en el Pirineo, y las necesidades mayores de gasto en otros servicios públicos más acuciantes para la Comunidad.

A su juicio es "indecente" que se haya presupuestado 1,2 millones de euros en tres años para estudios encargados por la Fundación Transpirenaica, fundamentalmente para la TCP, cuando no es una competencia autonómica esta infraestructura, no es una prioridad para el Estado y Europa y hay necesidades públicas "mucho más acuciantes".

Para Aso, infraestructuras como la reapertura del Canfranc o las mejoras en el tráfico rodado en la Nacional II y en la 232, deberían haber sido objeto central de negociación y presión del Gobierno de Aragón con Madrid, toda vez que ha apuntado que "para no incomodar al Gobierno central" se ha buscado hablar de la TCP y no solucionar "problemas reales" de los aragoneses.