Al final han sido más de 10.000 alegaciones –en la tarde noche del jueves y la mañana de ayer recogieron 3.000– las que los colectivos, sindicatos y partidos políticos de la oposición entregaron ayer en el Salud contra el modelo de financiación público-privado previsto en el Hospital de Alcañiz. Un proyecto que, según aseguran, supondrá el inicio de la «privatización» de la sanidad.  

Ante la «avalancha» de reclamaciones contra este modelo de gestión, la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y los Derechos Socieles del Bajo Aragón volvió a pedir ayer a la DGA que prolongue el plazo de alegaciones, que oficialmente concluye hoy. «Se ha demostrado que todos los ciudadanos están en contra de la fórmula propuesta. Quieren un modelo de sanidad público», censuró José María Andreu, miembro de la Plataforma.  

Entre las cuestiones que criticaron, destacaron que el Departamento de Sanidad no ha explicado claramente cómo será la gestión «porque dijeron de una manera y el estudio de viabilidad del proyecto recoge otra», apuntaron desde la Plataforma. De hecho, volvieron a recordar que en el informe de viabilidad solo se contempla que el personal sanitario como médicos o enfermeras pertenezca a la sanidad pública, pero otros profesionales «tan importantes o más», como administrativos, responsables de suministros o incluso de cocinas se van a externalizar. «Por ejemplo, que la comida salga en unas condiciones adecuadas es fundamental», apostilló Martínez, que recordó que por ejemplo el futuro de los celadores no aparece en el estudio de viabilidad. Para clarificar algunas cuestiones del proyecto, la entidad ha pedido una reunión con el gerente del Servicio Aragonés de Salud.  

Por otra parte, Marea Blanca, junto a la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda y la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública, presentó también ante el Salud una alegación económica-financiera, en la que se denuncia que el nuevo Hospital de Alcañiz le costaría 120 millones menos a la administración si la gestión fuera totalmente pública. 

«La Comunidad se podría ahorrar todo este dinero con una estructura financiera pública. Está comprobado que un privado siempre se va a tener que financiar con un interés mucho más caro que la sanidad pública, con un tipo de interés libre de riesgo del 3,5%», apuntó Yolanda Sancho, de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda. El ahorro se estima en el periodo considerado de concesión a una empresa privada, que es de 25 años. Es decir, se obtendrían un ahorro de unos 5 millones al año.