La familia García Becerril tiene otro frente abierto además del judicial. La Agencia Tributaria ha puesto sus ojos sobre las declaraciones de la renta que hicieron entre 2009 y 2012 tanto el exgerente de la plataforma logística, Ricardo García Becerril, como su mujer, Elena Planté, y las hijas de ambos, Patricia y Carolina. Tampoco escapan de la investigación fiscal las empresas Pulsar Consultoría e Inversiones S. L. (propiedad de estas dos últimas) y Leónica Promociones S. L., sociedad ahora liquidada pero que compartió en su día la esposa con los constructores del grupo Margalejo. Además del IRPF, Hacienda está analizando el pago del impuesto de sociedades de un periodo similar, así como el del IVA de Pulsar de un trimestre de 2010 y otro de 2012. 

Todas las personas mencionadas anteriormente, incluidos los hermanos José Luis y Ramón Margalejo, y otros quince empresarios más, están imputados en el llamado caso Plaza en el que se investigan delitos de banqueo de capitales, falsedad documental y malversación caudales público por importe de 104 millones, cometidos supuestamente durante la urbanización del complejo logístico. 

La Agencia Tributaria ha comunicado al juez que ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de que la familia García Becerril está imputada por los mencionados delitos, por lo que le pregunta si debe seguir con su investigación fiscal o debe paralizarla por si puede «condicionar directamente» la resolución judicial. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 1, José Ignacio Esteban, le ha respondido que continúe con su expediente ya que, hasta la fecha, no es objeto de su investigación la persecución de delitos contra la Hacienda Pública, «sin perjuicio de lo que pueda acordarse en el devenir de la instrucción». 

A lo largo de la investigación, la Policía concluyó que seis empresarios contrataron a Pulsar para redactar estudios y que, según la Policía, no fueron más que un «peaje camuflado» para ser subcontratistas de la UTE Acciona-MLN que urbanizó Plaza. En total, pagaron a las hermanas García Planté 865.616 euros y facturaron casi 5 millones con la UTE. También que la inmobiliaria Leónica logró -sin justificación aparente- que Plaza le vendiera una parcela muy por debajo del precio habitual (casi medio millón menos, según calcularon luego los peritos). Cuando seis años más tarde se disolvió la inmobiliaria, a la mujer del exgerente le tocó en el reparto 667.601 euros y una nave de 1.762 metros en Plaza.