Diez euros no son nada, pero multiplicados por cien hacen mil: un sobresueldo difícil de rechazar. Las fiestas de fin de curso y de confirmación con menores de edad se han convertido en la tabla de salvación de muchos locales de noche de Zaragoza al borde de la ruina. Sus dueños se exponen a multas de entre 3.000 y 30.000 euros y hasta un año de cierre, pero, si nada falla, el negocio sale redondo. Después de hacer que los jóvenes adelanten parte del ‘botín’, hay tres finales posibles: que la fiesta salga bien; que termine unas horas más tarde por una redada; o que ni siquiera llegue a celebrarse. El escaso valor de las entradas hace que apenas haya denuncias y las excusas se cuentan por decenas. Entre las más comunes hay expresiones como: «No sabíamos que érais menores» o «aquí no hay ninguna fiesta».

Los promotores contactan con sus víctimas a través de Whatsapp y les dan todo tipo de facilidades (buen precio, DJ, barra libre, poder fumar en el interior...). Solo les ponen dos condiciones: que no hagan ruido y que no discutan entre ellos para no alertar a los vecinos y poder eludir así la presencia policial. Tampoco se firma ningún tipo de documento ni se revelan dónde se celebrará la fiesta hasta una hora antes de su inicio.

Tamara (nombre ficticio) no olvidará el 9 de mayo, día en que celebró su confirmación. Acordó cerrar un bar junto a sus amigos, de unos 16 años, y al poco de empezar la fiesta se topó con la Policía. Como muchos otros, adelantó parte de la recaudación –alrededor de 110 euros– sin tener garantía alguna. Inicialmente, les ofrecieron un ‘pub’ en la avenida de Goya, pero tuvieron que renunciar a este por problemas con el encargado. Su contacto les propuso otro en Vía Univérsitas a menos de 24 horas de la celebración y esa misma noche, por supuestas amenazas anónimas al dueño, tuvieron que cambiar de nuevo y retirar 20 de las 100 invitaciones que ya habían repartido para ajustarse a las dimensiones de otro local, situado –esta vez– en el paseo de la Constitución. «Tuvimos que decir no a mucha gente que ya había pagado. El promotor les aseguró que les devolvería el dinero –unos 1.300 euros– pero, para no llevarlo encima aquella noche, acordamos vernos unos días más tarde», relata.

Tras la redada, «el trato quedó en nada». «Dijo que en el acta de la Policía ponía que éramos 92 y que, por tanto, era nuestra culpa por superar el aforo permitido. Los compañeros comenzaron a pedirme el dinero, pero al contarles lo que había pasado fueron comprensivos y lo dieron por perdido», afirma Tamara. Ni ella ni sus compañeros denunciaron porque, en su opinión, «no merecía la pena». Puertas cerradas

En las calles de Conde Aranda, de Espoz y Mina y de Juan Bruil se han vivido situaciones similares. Las hay que han terminado sin incidentes, pero al menos dos –según la DGA– han sido objeto de multa en junio. «Actualmente, no hay ninguna sanción administrativa pendiente», apuntan desde la Delegación del Gobierno, donde recuerdan que «en recintos donde se consume alcohol no pueden entrar menores y no sirve que lleven un permiso por escrito de sus padres». «Los menores pueden cerrar un bar siempre y cuando tengan los permisos pertinentes, pero no se les puede vender alcohol. En estos casos, denunciar es vital para evitar que haya personas que se lucren a costa de otros. Deben ponerlo en conocimiento de las autoridades», reiteran.

La Asociación de Discotescas y Salas de Fiesta de Zaragoza también se opone a este tipo de prácticas. «No es nada nuevo. Antes no se escondían tanto, pero ahora se hacen de forma clandestina y es casi imposible detectarlas», afirma su presidente, Fernando Izcara. En su opinión, quienes las promueven «no son conscientes de las duras sanciones a las que se enfrentan». «Son bares en las últimas que ven en estas fiestas una forma de ganar dinero fácil y limpio. No desvelan el lugar hasta unas horas antes porque no quieren que se corra la voz. Es una forma de evitar riesgos e ir sobre seguro. No obstante, la Policía es muy efectiva», añade. 

Izcara reconoce que cada semana recibe correos electrónicos y llamadas de menores que desean celebrar fiestas de este tipo, pero la respuesta siempre es la misma. «Por ley, tenemos que cerrarles las puertas. Nos hemos puesto serios, es un tema muy delicado», comenta.Asimismo, anima a quienes se vean envueltos en este tipo de estafas a denunciar el caso ante la Policía Local «de inmediato».