Agotó su tercer mandato a mediados de marzo y desde entonces, nada se sabe sobre si el actual Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, seguirá al frente de la institución o será relevado. Los partidos, sobre todo PP y PSOE que ostentan la mayoría necesaria para designar este cargo, llevan varias semanas negociando este asunto pero la falta de acuerdo mantiene bloqueada una solución. De hecho, apenas queda poco más de un mes para que los grupos parlamentarios tengan que hacer sus propuestas.

La mayoría de ellos aboga por un cambio después de 16 años de mandato de García Vicente, pero el principal problema reside en quién es el elegido. La falta de consenso y las reticencias de personas a las que se les ha ofrecido el cargo estarían dificultando la decisión, que debería estar adoptada antes de verano. Fuentes socialistas han manifestado en varias ocasiones su oposición a que el actual Justicia continúe, al igual que IU, lo que obstaculizaría aún más si cabe la negociación. CHA apuesta por el máximo consenso y la DGA por la continuidad de García Vicente si no hay acuerdo.

Según la ley que regula la figura del defensor del pueblo en Aragón, al acabar el mandato, los grupos parlamentarios tienen tres meses para hacer sus propuestas (un candidato por grupo) a la comisión de reglamento. Esta debe entregar en un mes su dictamen a la Mesa de las Cortes que, de acuerdo con la Junta de Portavoces, elevará al pleno una candidatura. Tanto el nombramiento como el cese del Justicia precisa de una mayoría cualificada de tres quintas partes de la Cámara, esto es, hacen falta 41 votos o más. Los actuales socios del Gobierno de Aragón, PP y PAR, suman 37, por lo que requieren del respaldo de otro de los grupos de la Cámara para sacar adelante su posible candidato.

En cualquier caso, para esta designación se suele buscar el máximo consenso y hasta la última votación siempre ha salido adelante por unanimidad. En la tercera

reelección de Fernando García Vicente como Justicia, IU se desmarcó por una cuestión de coherencia interna, puesto que en su formación se ha impuesto un límite de dos mandatos para todos sus cargos públicos, aunque admite un tercero en casos excepcionales.

Cada cinco años

El Justicia se renueva cada cinco años y aunque siempre se ha optado por perfiles de juristas (Emilio Gastón y Juan Bautista Monserrat), las únicas condiciones que marca la ley para ocupar el cargo son que el elegido sea mayor de edad, tenga pleno uso de sus derechos civiles y goce de la condición política de aragonés o posea la vecindad civil aragonesa.

Fernando García Vicente –anteriormente fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Huesca– fue elegido por primera vez a propuesta del PP, durante el mandato de Santiago Lanzuela, en el año 1998. Revalidó su mandato en 2003 y después, en 2009, ya bajo la gestión del socialista Marcelino Iglesias.

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