Aunque el Supremo ha confirmado la anulación definitiva del plan hidrológico de las cuencas internas de Cataluña, la batalla judicial del Gobierno de Aragón contra ese documento no ha terminado. Todavía sigue pendiente de sentencia un segundo recurso presentado contra el real decreto con el que el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino promulgó el plan de la Generalitat.

El Ministerio, que es quien tenía que aprobarlo de forma definitiva, dio por bueno el documento elaborado por el Ejecutivo catalán, lo que obligó a la DGA a impugnar ese real decreto por la vía contencioso-administrativa. Lo hizo ante el Supremo, por lo que el Alto Tribunal tendrá que pronunciarse sobre la promulgación de un documento que sus magistrados ya han anulado anteriormente.

El Gobierno de Aragón considera que, en coherencia con la derogación del plan hidrológico de las cuencas internas catalanas, lo lógico sería que el Supremo estime el recurso pendiente de la DGA. Sus letrados recuerdan que el real decreto fue promulgado sin el informe preceptivo del Consejo de Estado –lo que constituye un defecto procedimental similar al cometido por la Generalitat al no pedir un dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña–.

Además, los abogados del Ejecutivo aragonés destacan que el real decreto establece que «se aprueba el plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña con el contenido incluido en los anexos I y II del decreto 188/2010» (el que supuso la aprobación del documento por parte de la Generalitat).

Esto significa que, en caso de que el Supremo rechace el recurso pendiente de la DGA, estaría dando validez a un plan cuyo texto no se reproduce literalmente en el real decreto, sino en un decreto que ha sido anulado.

La Abogacía del Estado se personó como parte recurrida en el recurso que el Gobierno de Aragón y la Generalitat presentaron en el Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que anuló el plan hidrológico de las cuencas internas catalanas. Sin embargo, llama la atención que solicitara desestimar la petición de la DGA de anular el decreto catalán que se apropia de tres acuíferos que en parte están en la cuenca del Ebro y que en cambio no se opusiera a los argumentos de la Generalitat para rectificar la anulación de su plan.