Las comarcas reclaman que las webs pidan el número de registro

Además de intensificar los controles y cubrir los vacíos de la normativa actual, varias comarcas coinciden en reclamar a los portales de internet que aglutinan buena parte de la oferta de turismo rural que no den cobertura a las ofertas de los alojamientos que no cumplen con la legalidad.

La inspectora de Turismo de Sobrarbe, Ana Torres, recuerda que hace tiempo se dirigieron a una de las páginas más populares del sector para solicitar que sus responsables pidieran a los anunciantes el número de registro del establecimiento, con el fin de garantizar que toda la oferta es legal, pero parece que la propuesta no surtió efecto.

Ante esta situación, Torres considera que habría que llegar incluso a sancionar a las empresas que publicitan viviendas que no cumplen los requisitos establecidos. Desde la Comarca de Albarracín, por ejemplo, también critican que los portales «no comprueben que están autorizados» los inmuebles que se alquilan por esta vía.

Sobrarbe es la comarca aragonesa con más plazas de turismo rural (concentra el 18% de las casi 9.000 que hay entre las tres provincias) y el Gobierno de Aragón encontró allí en el rastreo de páginas web un total de 25 establecimientos dudosos. Pero tras comprobar todos los datos, la lista de los que no registrados se reduce a seis, y en estos casos se está verificando los servicios que ofrecen.

En cuanto al resto, la inspectora detalla que han detectado errores en la ubicación de las casas, otras que ya no funcionaban y algunas dadas de alta pero que han cambiado de nombre u ofrecen más plazas de las que inicialmente hicieron constar porque han llevado a cabo reformas, por lo que la Comarca se ha dirigido a sus responsables para que actualicen todos los permisos.

De momento, ni esta ni el resto de las entidades consultadas han impuesto sanciones ni otras medidas drásticas como el cierre. Todas han preferido dirigirse por escrito a los interesados y darles audiencia para intentar buscar solución a cada caso. De todas formas, Ana Torres reconoce que difícilmente podrían cobrar a los infractores «porque las comarcas no tienen capacidad ejecutiva», y lo mismo pasa con las denuncias de la Guardia Civil por acampadas ilegales.

Otro problema, que esperan que resuelva el futuro decreto de la DGA, es la imposibilidad de regularizar una vivienda turística en una localidad de más de 1.000 habitantes como Aínsa, ya que queda excluida del turismo rural por la población y tampoco se puede catalogar como apartamentos turísticos un solo alojamiento.

Otro problema añadido, tal vez el más difícil de controlar, es que muchos de estos alquileres –sobre todo para pocos días y antes eventos especiales, como es el caso del la carrera de Moto GP en Alcañiz–, se hacen verbalmente y directamente entre el propietario y el interesado. Aunque eso supone que también se está cometiendo un fraude a la Hacienda pública por las dos partes, aunque no exista un contrato regulado.

Por otro lado, Aragón lidera un grupo de trabajo a nivel nacional para homogeneizar la normativa de turismo rural. Se ha acordado que habrá 5 categorías (como las estrellas de los hoteles) y falta determinar los servicios de cada una.