El alcalde de Mallén, el socialista Antonio Asín, convocó hace una semana a los vecinos de su pueblo en la Casa de Cultura para defender su inocencia y explicarles que no tiene ninguna intención de abandonar el cargo. Lo hacía solo tres días después de que la Fiscalía anunciara que pedirá para él una condena de 14 años de cárcel y más de 50 de inhabilitación como presunto autor de siete delitos de prevaricación, fraude, falsedad continuada y cohecho. El partido ha decidido expulsarlo de sus filas y le ha pedido que abandone tanto el cargo de alcalde como el de diputado provincial, pero Asín ha hecho oídos sordos y se aferra al sillón, siguiendo la senda por la que antes han transitado otros muchos responsables políticos y altos cargos de Aragón. Porque aunque el reproche social pueda ser mayúsculo, los encartados saben que solo una sentencia firme puede apartarlos de sus poltronas.

Solo en la Comunidad, 32 personas con responsabilidades políticas o en puestos relevantes de la administración se hallan inmersas en procedimientos judiciales vivos, ya sea en una fase incipiente de las diligencias –investigados por la Fiscalía– o a la espera de juicio. Y lo que resulta todavía mucho mas incomprensible para el ciudadano de a pie: pese a estar oficialmente imputados, casi un tercio de estas personas siguen desempeñando funciones públicas como concejales, alcaldes e incluso como diputados autonómicos. El resto abandonaron los cargos por distintas causas, pero, principalmente, porque no volvieron a presentarse a las elecciones para no tener que ser juzgados por el tribunal más severo: las urnas. En cualquier caso, ninguna de estas personas ha presentado la dimisión asumiendo su responsabilidad política y son contados los casos de destitución.

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