Cuando quedan menos de cinco meses de plazo para que las granjas de cerdas reproductoras de Aragón se adapten a la normativa europea de bienestar animal, los ganaderos de la Comunidad y el Gobierno autonómico siguen con su particular batalla por las ayudas al sector. Mientas a los dueños de las granjas se les acaba el tiempo para acometer las obras y solicitan a la DGA ayudas similares a las que han recibido los ganaderos de otras comunidades, el departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha publicado un decreto de medidas urgentes que, lejos de tranquilizar al sector porcino aragonés, solo ha conseguido caldear todavía más sus ánimos.

La organización agraria UAGA considera "insultantes" las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Aragón para apoyar el sector porcino de la comunidad, que tiene "un peso tremendamente importante" y del que viven más de 4.000 familias aragonesas. El enfado de los representantes del sector tiene su explicación en que el texto publicado en el BOA solo contempla ayudas para "solicitar una ampliación de la capacidad de la explotación siempre y cuando se cumplan determinados requisitos muy complejos, así como que la explotación esté situada en zona desfavorecida de montaña".

De las 804 granjas de este tipo que hay en la Comunidad, solo el 13% (101) están adaptadas a las exigencias de la Unión Europea, mientras que 602 explotaciones deberán acometer las obras necesarias antes del próximo enero o cerrar sus puertas. Aunque la mayoría de los ganaderos (alrededor del 75%) han manifestado su intención de acometer las reformas, un 6% de los afectados ya ha anunciado que cambiará de tipo de producción y hasta un 4% de los ganaderos ha comunicado al Gobierno autonómico que cesarán su actividad.

De esta forma, UAGA considera "bastante complicado" que las explotaciones puedan reunir los requisitos necesarios para acceder a la ampliación de la explotación y denuncia que sea ésta la única medida que desde el Gobierno se pone en marcha para "ayudar" al sector porcino. "Se trata de un sector con un peso tremendamente importante en Aragón, ya que se trata de la segunda comunidad autónoma en importancia, solo por detrás de Cataluña", advierten desde la organización, que advierte de que "el sector se ha quedado sólo ante una situación cada vez más comprometida que ya amenaza su futuro.