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El consejo de gobierno ha aprobado un gasto plurianual de cuatro millones de euros para ayudas financieras a inquilinos afectados por desahucios en las que se dará prioridad a las familias en difícil situación económica.

Según establecerá la orden correspondiente que se publicará en el Boletín Oficial de Aragón, las ayudas se resolverán, hasta el agotamiento del crédito presupuestario, con preferencia para las personas que hayan sido objeto de una resolución judicial de lanzamiento de su vivienda habitual como consecuencia de procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria con posterioridad al 1 de enero de 2012.

Después, las presentadas por personas que dispongan de unos ingresos familiares inferiores a 1,5 veces el IPREM y que no abonen una renta de arrendamiento superior a 500 euros mensuales y, como tercer criterio, el resto de solicitantes con ingresos de hasta 2,5 veces el IPREM.

La cuantía de la ayuda no excederá del 40 % de la renta anual a satisfacer ni del máximo absoluto de 3.200 euros para los solicitantes con ingresos hasta 1,5 veces el IPREM o pertenecientes a colectivos especialmente protegidos; o del 20% de la renta anual ni del máximo absoluto de 1.600 euros para los de ingresos entre 1,5 y 2,5 el IPREM.

El Ejecutivo autónomo, ante la demanda existente y el carácter social de estas ayudas, establece un periodo de un mes a partir de la publicación de la orden para la presentación de solicitudes, que se van a gestionar atendiendo a los colectivos más afectados por el actual contexto económico.

Las ayudas se concederán por un periodo de doce meses con derecho a prórroga de otros doce siempre que se mantengan las condiciones acreditadas para su concesión.

Las solicitudes deberán presentarse en el modelo que se publicará junto con la orden en el BOA, ante las subdirecciones provinciales de vivienda de Zaragoza, Huesca y Teruel.

Estas ayudas se enmarcan en el Plan de Gestión Social de la Vivienda 2012-2015, al que el Gobierno de Aragón prevé destinar 40 millones de euros.