La presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha explicado que gracias al plan de inspección fiscal puesto en marcha por el Ejecutivo para evitar el fraude ya se han recaudado siete millones de euros adicionales.

Así lo ha asegurado durante su intervención ante el pleno de las Cortes de Aragón, en respuesta a una pregunta de la presidenta del Grupo Socialista, Eva Almunia, sobre la forma en la que el Gobierno va a recortar el presupuesto de la Comunidad Autónoma para cumplir con el déficit para el año 2012 sin que afecte a las partidas presupuestarias destinadas al mantenimiento de los servicios públicos esenciales.

Rudi ha insistido en que los presupuestos de la Comunidad para 2012 son "prudentes en los ingresos y muy realistas en los gastos", ya que el Ejecutivo "no se creyó" la cifra sobre la previsión de ingresos que proporcionó en julio el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ésta se incluyó en los presupuestos de Aragón con una rebaja del cinco por ciento.

Pero la prioridad, ha asegurado, es el mantenimiento de las políticas esenciales (educación, sanidad, asuntos sociales o justicia) que se incrementan en un 0,46 por ciento mientras el resto de los gastos no financieros bajan un 8,76 por ciento.

En todo caso, además de los siete millones adicionales que ha proporcionado el plan de inspección fiscal, Rudi ha dicho que ahora Aragón puede contar con otro "colchón" de unos 70 millones de euros que sale del incremento del 1,3 al 1,5 por ciento del déficit permitido a las autonomías por el Gobierno central en este año.

Además de que el Gobierno de Mariano Rajoy permitirá a las autonomías devolver en diez años y no en cinco los excesos de recaudación que el Ejecutivo de Zapatero pagó a las autonomías en los ejercicios de 2008 y 2009.

"Nueve meses son bastantes" para la mudanza

Almunia, por su parte, ha criticado al Gobierno de Rudi por su innacción, y ha dicho que desde que tomó posesión se han publicado en el Boletín Oficial de Aragón 72 decretos y bastantes más de la mitad, cerca de 60, se refieren a nombramientos, ceses y organigrama.

Para la diputada socialista, nueve meses son "bastantes" para hacer una mudanza y por eso ha instado a Rudi a que "deje de ser el ama de llaves del Pignatelli" y que empiece a gobernar y a adoptar medidas "para impulsar la economía y hacer sostenibles los servicios públicos esenciales".

Copago

Rudi también ha contestado en el pleno a una pregunta de la portavoz de CHA, Nieves Ibeas, sobre si el gobierno va a implantar su Gobierno algún sistema de copago en el ámbito sanitario.

La presidenta ha insistido en que su ejecutivo pretende garantizar la sostenibilidad del sistema con la adopción de medidas para un gasto eficiente, y no por la vía de los ingresos.

En todo caso, ha recordado que el copago ya existe en algunos ámbitos, como en farmacia, ya que los pacientes pagan un porcentaje de los medicamentos.

Su objetivo, ha indicado, es "llevar al sistema de Salud al punto óptimo de eficiencia actuando sobre los costes", pero hacer sostenible el sistema será imposible si éste crece por encima de lo que suba el PIB.

En esta línea, el plan de medidas sanitarias impulsado por el Gobierno está "sirviendo de ejemplo" en otras comunidades.

Otra de las propuestas del Gobierno en materia sanitaria, ha dicho Rudi, es llevar al Consejo Interterritorial de Salud una propuesta para que exista una única cartera de servicios para toda España, porque el PP cree "en la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan".

También ha pedido que se haga un ejercicio de "pedagogía" para explicar a los ciudadanos que la sanidad es "gratis" pero que se paga "entre todos" y que no se debe "malutilizar".

La portavoz de CHA, por su parte, ha reprochado a Rudi que "no está siendo clara" con sus declaraciones sobre el modelo sanitario que propugna, ya que, a su juicio, no se ha pronunciado claramente sobre su intención o no de implantar el copago, "o el repago", en Aragón.

La "excusa" de la crisis, ha lamentado Ibeas, le vale al Gobierno "para todo", incluso para "cargarse el sistema público de salud", algo que afectará especialmente a los 210.000 aragoneses que están en riesgo de exclusión social.