La DGA no rechazará el trasvase del Ebro a pueblos catalanes si es temporal

Lo condiciona a que no afecte a la reserva hídrica y a que 72 abastecimientos de Aragón se declaren de interés general. La Agencia Catalana del Agua no ha enviado al Ejecutivo autonómico ni el estudio de alternativas ni la justificación del proyecto.

El Gobierno de Aragón emitirá un informe favorable al trasvase del Ebro a cuatro pueblos catalanes, pero con condiciones. Lo hará, si no hay cambios, en un consejo de gobierno extraordinario que se celebrará mañana o el viernes. Así lo anunció ayer el vicepresidente de la DGA, José Ángel Biel, que adelantó algunos de los requisitos que deberá cumplir el proyecto catalán para que Aragón le dé el visto bueno. El dictamen definitivo está "pendiente de los últimos flecos".


Hay que recordar que el Ministerio de Medio Ambiente, en cumplimiento del artículo 72 del Estatuto de Autonomía, solicitó al Gobierno de Aragón un informe preceptivo sobre esta transferencia de agua del río Segre (afluente del Ebro y dentro de su cuenca hidrográfica) a cuatro localidades que tienen parte de su término municipal en las cuencas internas de Cataluña. Se trata de Forés, Santa Coloma de Queralt, Montmaneu y Les Piles. No obstante, el Gobierno central puede tener en cuenta u obviar el dictamen para autorizar el proyecto catalán, que plantea una transferencia de 0,62 hectómetros cúbicos anuales hasta 2030 para agua de boca.


Entre las exigencias planteadas por la DGA que debe cumplir la petición de la Agencia Catalana del Agua (ACA), destacan la necesidad de que sea un transferencia "excepcional, de emergencia y temporal"; que no se trate de una concesión definitiva sino en precario; y que no conlleve afecciones a la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos prevista ya en el Estatuto. Precisamente, el pasado fin de semana varios colectivos ecologistas criticaron esta reserva, a lo que Biel respondió que "eso significa que se ha cumplido el objetivo político de hacer imposible el trasvase, porque si hace imposible que llegue el agua al Delta del Ebro, también lo impediría un trasvase".


El vicepresidente de la DGA también advirtió de que el volumen de la transferencia no debe superar los 0,62 hectómetros cúbicos y ser exclusivamente para uso de agua de boca y rechazó que se dé una concesión administrativa, puesto que supondría una asignación de derechos de utilización. Pero hay más exigencias para que Aragón respalde este trasvase. Como contraprestación, el Ejecutivo autonómico reclama que Madrid declare de interés general el abastecimiento de 72 municipios aragoneses que, al igual que los catalanes, tienen problemas de suministro. A algunas localidades hay que llevarles agua en cisternas.


Sin informe de alternativas

Pero la DGA también pide que se justifiquen la necesidad del proyecto y las alternativas que existen a esta actuación y que se han desechado. No en vano, el Ejecutivo autonómico solicitó formalmente en la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) del 30 de noviembre que la Agencia Catalana del Agua remitiera la documentación del proyecto. Según fuentes del Departamento de Medio Ambiente, todavía no se ha recibido.


En cualquier caso, el vicepresidente José Ángel Biel quiso dejar claro ayer que este "será un buen acuerdo de defensa de los intereses de Aragón y sobre todo de defensa del principio antitrasvase". "Porque cuando se plantea un trasvase, lo importante no es solo el volumen sino el hecho en sí y creo que ese hecho queda superado con este informe", aseguró para tratar de justificar el apoyo del PAR a esta transferencia.


No obstante, la DGA no aclaró cómo se garantizará que se cumplen todas estas condiciones que supondrían que la Generalitat tenga que modificar su proyecto. Además, tampoco aventuró cuál será la reacción del Ejecutivo autonómico en caso de que el Ministerio obviara este dictamen. De hecho, en la documentación que se envió a los miembros de la Junta de Gobierno de la CHE el pasado día 30 de noviembre ya se incluía una propuesta de resolución positiva de la ministra de Medio Ambiente.


En realidad, la ACA solicitó la transferencia para diez pueblos catalanes que tienen parte de su término municipal fuera de la Cuenca del Ebro. No obstante, solo cuatro plantean problemas puesto que su casco urbano no se encuentra completamente situado en esta delimitación.