El Consejo Consultivo avala el recurso a la ley de amnistía que ultima el Gobierno de Aragón
En un contundente dictamen, señala que el Ejecutivo y las Cortes están "legitimados" por los intereses aragoneses derivados de las relaciones históricas, económicas, sociales y culturales con Cataluña.
El Consejo Consultivo de Aragón avala la pretensión del Gobierno PP-Vox de recurrir la ley de amnistía en cuanto se apruebe en las Cortes Generales. Esta es la conclusión del dictamen que le solicitó la DGA hace casi dos meses, en el que sentencia que tanto el Ejecutivo como la Cámara autonómica están "legitimados" para acudir al Tribunal Constitucional porque la norma "afecta a los intereses aragoneses derivados de las relaciones históricas, económicas, sociales y culturales con Cataluña".
En su contundente escrito, de 38 folios, los juristas determinan que la ley, pendiente de los últimos trámites para su aprobación, es vulnera el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley, infringe la prohibición constitucional de la arbitrariedad e incurre en diversas violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Derecho de la Unión Europea. Además, consideran que vulnera las exigencias en materia de control de constitucionalidad de las leyes y de ajuste al Derecho de la Unión Europea
Los vicepresidentes de la DGA, Mar Vaquero (PP) y Alejandro Nolasco (Vox), han comparecido este martes para dar cuenta del dictamen del máximo órgano consultivo de la Administración aragonesa, que va en la misma línea del "avanzado" recurso a la ley que ultiman los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico. La pretensión es presentarlo en cuanto se apruebe la norma, sin agotar los tres meses establecidos a partir de su publicación. "Aragón va a ser un escudo político y perseguirá por todos los cauces legales cualquier menoscabo, perjuicios y ataques que se produzcan contra esta Comunidad", ha declarado ", ha asegurado Vaquero.
Vaquero ha apuntado que asisten razones históricas para el recurso por formar Aragón y Cataluña la Corona de Aragón, a las que se unen las económicas por las "relaciones comerciales intensas" y las sociales por la misma vecindad que ha generado una "clara relación de convivencia". Y a a todas ellas se suman las razones de carácter cultural, de las que ha puesto de ejemplo el archivo de la Corona de Aragón. "El proceso de independentismo puesto en marcha por Cataluña y en cierta manera avalado en los últimos tiempos por el Gobierno de España afecta gravemente a los intereses de Aragón. El Gobierno de Aragón no va a tolerar ningún intento para romper nuestro país ni para aceptar tampoco como normal el trato de favor", ha subrayado.
La también portavoz y consejera de Economía ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de vulnerar el estado de derecho y la libertad, hasta el punto de aseverar que, hasta ahora, "nunca hasta se había puesto tanto en peligro la democracia, el estado de derecho, la paz y la convivencia de todos los españoles".
Por su parte, el vicepresidente ha lamentado que el Ejecutivo PSOE-Sumar impulsara la ley de amnistía para contar con los votos de los independentistas en la investidura de Pedro Sánchez pese a suponer "un ataque a la Constitución". Y lo hizo, ha añadido, para hacer un "traje a medida" para los 372 beneficiarios, todos ellos vinculados directamente con la consulta de 2014 y del referéndum de 2017 convocados ilegalmente sobre la independencia de Cataluña. "El dictamen también establece que Aragón tiene plena legitimidad para interponer un recurso de inconstitucionalidad porque la ley trata de borrar las consecuencias jurídicas de los delitos que se pretenden amnistiar", ha señalado.
El dictamen no solo avala la legitimación de la Comunidad para acudir al Tribunal Constitucional, sino que respalda la tesis de los juristas de la DGA sobre la "violación de los principios del Estado de Derecho", legalidad, no arbitrariedad ni discriminación. El Consejo Consultivo recurre incluso al reciente pronunciamiento de la Comisión de Venecia, en el que expuso su preocupación por los procedimientos legislativos seguidos con la amnistía, y advierte de que la amnistía exige una reforma constitucional.
Rechazo a la investidura de Illa
Respecto a la elecciones catalanas y a la formación del Govern, Vaquero ha remarcado que su partido, el PP, es la "primera fuerza constitucionalista" y, por tanto, no va a apoyar "nunca" a un gobierno que vaya en contra de estos principios y pueda a su vez apoyar a otros partidos que ataquen estos principios. Nolasco ha sido más directo y ha garantizado que Vox no va a facilitar ninguna investidura del candidato socialista, Salvador Illa. "El PSOE es parte del problema, no de la solución", ha dicho.
