Bobo Keita, gambiano de 43 años, quemó este martes su penúltimo cartucho para eludir la condena de 23 años de prisión que le impuso la Audiencia Provincial de Zaragoza  por asesinar a su cuñado, Alie Sidibeh, en junio de 2022 en las escaleras del edificio donde residía este último en el barrio de Las Delicias.

Ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), su abogada defensora designada por el Turno de Oficio, Elena Carnicer, solicitó la nulidad del juicio por varios motivos, todos ellos rebatidos después por la Fiscalía y las acusaciones particulares, que pidieron que se confirme la sentencia en todos sus términos.

La letrada incidió precisamente en la falta de legitimación de las acusaciones para estar personadas en la causa -una en nombre de Aminata, mujer de Bobo Keita y hermana del asesinado, y otra por de Chima Sidibeh, hermano de la víctima-. La razón es que, según los documentos y filiación de los cuatro, no tienen relación de parentesco y no coinciden los nombres y apellidos de los progenitores. En el juicio celebrado ante un jurado popular el pasado enero, la abogada planteó que en su país se considerarán familia, pero en España no consta ninguna documentación que avale ese parentesco.

La cuestión no es baladí, pues una de las circunstancias agravantes del delito que el jurado entendió que concurría fue la de parentesco. No obstante, el fiscal del TSJA, Enrique Pera, y las acusaciones, a cargo de María Fornoza y Carlos Estremera, señalaron que esa cuestión se debería haber planteado durante la instrucción de la causa, que duró dos años, y no en la vista oral o ahora, aunque añadieron que es cierto que en ese momento Elena Carnicer no ejercía la defensa. 

La letrada cuestionó también la cadena de custodia de las pruebas biológicas y vestigios recogidos en el lugar del crimen y las imágenes de Bobo Keita grabadas en el bar donde se lavó la sangre y que se aportaron al proceso mediante la grabación realizada por un policía con su teléfono móvil del celular del dueño del local.

Por su parte, el fiscal mantuvo que no existen razones de nulidad ni tampoco para apartar del proceso a las acusaciones. En este último caso, porque es un motivo que no está en la ley y, en el resto, porque en su opinión no se rompió la cadena de custodia y las imágenes fueron una cuestión accesoria en la investigación, la cual estuvo bien armada.

La abogada de la defensa pidió la nulidad también porque, a su juicio, se vulneró el derecho a la última palabra del acusado, con lo que se le impidió hacer su “autodefensa” y poner en evidencia lo que habían dicho los testigos. El representante del Ministerio Público le recordó que Bobo Keita estuvo hablando durante diez minutos y, cuando empezó a remitirse a cuestiones no tratadas en el juicio, la magistrada-presidenta, Soledad Alejandre, le retiró la palabra. 

Este martes el presidente de la sala, Manuel Bellido, tuvo que reconvenir al acusado -que presenció la vista desde la cárcel de Zuera- para que no interrumpiera el alegato del las acusaciones y pedir que bajaran el volumen de su micrófono. Keita amagó con irse de la sala de videoconferencia pero, al final, se tranquilizó, guardó silencio  y siguió el desarrollo de la misma con normalidad.