Aragón solo ha abonado 26 de las 237 solicitudes de ayudas de 2022 para la digitalización agraria
El sector denuncia una demora de casi un año en estos pagos que corresponden a los fondos Next Generation.
La digitalización del campo aragonés tendrá que esperar. Al menos aquella que quiere contar con ayudas de los fondos públicos Next Generation, habilitados por la Unión Europea como respuesta a la crisis generada por la covid para la aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero con el objetivo de promover el cambio tecnológico en el modelo de producción agrícola.
Casi un año llevan esperando la gran mayoría de los agricultores y ganaderos aragoneses que decidieron acogerse en 2022 a estas ayudas, porque aunque recibieron hace meses la notificación de que su expediente contaba con el visto bueno para esta financiación, los pagos, que tiene que desembolsar el Gobierno de Aragón, todavía no se han hecho efectivos.
Apenas se han abonado 26 solicitudes de las 237 presentadas para aquella primera convocatoria aprobada por Real Decreto en noviembre de 2021. De ellas, según explica el consejero de Agricultura, Ángel Samper, en una pregunta escrita presentada por el grupo parlamentario socialista, se han abonado 22 solicitudes de pago final y cuatro de anticipo. Y todas ellas suman 439.240,21 euros, una cantidad que supone una parte mínima de los más de siete millones de euros a los que asciende el importe total de los expedientes presentados.
Según la respuesta firmada por Samper, de las solicitudes pendientes 84 están certificadas y "en condición de satisfacer su pago", aunque no se concreta en qué fecha estás ayudas estarán en manos de los solicitantes. El montante económico que suman estos expedientes asciende a más de 3 millones de euros.
Hay además pendientes de pago otros 800.000 euros que corresponden a otras 28 solicitudes que, aunque están certificadas, «presentan deficiencias a subsanar por los interesados», por lo que no serán abonadas hasta que no se cumpla dicho trámite.
Es importante además la cuantía de expedientes, un total de 89, que tras aportar la documentación necesaria tras una primera revisión se encuentran de nuevo en proceso de análisis y subsanación de deficiencias. Con todo ello, el propio Ejecutivo regional reconoce con este escrito que está pendiente la ejecución de pago de ayudas por un importe máximo de 4 millones de euros.
Según explica el consejero en su respuesta al grupo parlamentario socialista, no todas las solicitudes presentadas consiguieron el visto bueno para optar a dichas ayudas. De hecho, 36 expedientes se quedaron en el camino, porque una vez revisados, señala la consejería, "incumplen algunas de las condiciones requeridas para su reconocimiento, como facturas y documentos, formación requerida, jornada de difusión..., por lo que no cabrá atender su pago".
Ante esta situación, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Marcel Iglesias, ha pedido explicaciones al consejero de Agricultura. Lo ha hecho, de nuevo, con una pregunta escrita registrada en las Cortes de Aragón en la que pide detalles sobre "la razón del retraso" de estas solicitudes, el calendario de abono de las mismas y el "cronograma de resolución y pago" de las ayudas correspondientes al pasado año.
El doble de peticiones
Este colapso no ha mermado, sin embargo, el interés de los agricultores por estas ayudas. De hecho, en la convocatoria de 2023 el número de solicitudes se ha duplicado hasta alcanzar las 954 peticiones. Según los datos avanzados por la consejería, de todas ellas, 189 no cumplen con alguno de los requisitos exigidos, por lo que han sido excluidas.
Del resto, solo han conseguido la aprobación 183 solicitudes, "aquellas que han obtenido más puntos en los criterios de selección", por lo que se eleva a 562 los expedientes que, aunque cumplen las exigencias para beneficiarse de dichos apoyos, se quedarán en reserva. "No ha sido posible aprobarlas por insuficiencia presupuestaria", justifica la consejería de Agricultura.
Y si el retraso en los pagos ha generado inquietud en el sector, la resolución de la nueva convocatoria ha despertado malestar en el sector, que asegura desconocer los criterios utilizados por la administración para la aprobación provisional de las solicitudes y denuncia "numerosos errores" que podrían provocar "un aluvión de alegaciones".
