Dos hermanos empiezan limpiando granjas de cerdos y terminan saqueándolas
En nueve meses cometieron una docena de robos en casetas de campo, almacenes y explotaciones agrícolas de Huesca y Zaragoza.
Dos hermanos que durante tres años trabajaron para una empresa de limpieza de granjas en Huesca y Zaragoza decidieron aprovechar el conocimiento adquirido no para prosperar precisamente en el sector, sino para aprenderse las medidas de seguridad, horarios y ubicación de las instalaciones y saquear lo que en ellas había de valor.
Así, entre marzo y diciembre de 2019, Alexis y Eduardo L. F. se recorrieron una docena de granjas y almacenes de distintos municipios de las provincias de Zaragoza y Huesca y se apoderaron de herramientas, maquinaria e incluso de 56 cerdos y dos terneros que luego vendieron a terceros. El valor de todo lo sustraído fue de cerca de 29.000 euros.
El ‘modus operandi’ era siempre el mismo. Los ladrones rompían candados, puertas o ventanas para acceder al interior de las casetas de campo o granjas elegidas sabiendo de antemano qué iban a encontrar. En unas robaban grupos electrógenos, en otras motoazadas, sierras radiales o grupos de soldadoras, por poner unos ejemplos. Todo el material lo cargaban en vehículos que previamente alquilaban, bien furgonetas o camiones, según el tamaño de lo que pensaban sustraer.
Los hermanos Alexis y Eduardo L. F. no solo se fijaron en las herramientas o en el material fácil de transportar y con buena salida en el mercado ilícito, sino también en los animales. De una partida de Pilaret de Estadilla se llevaron dos terneros, pero uno de los más perjudicados fue un ganadero de la localidad de Blecua, ya que de una de sus granjas se llevaron 32 cerdos y de otra, en el mismo municipio, robaron seis. Esto ocurrió en diciembre de 2019, cuando también accedieron por la fuerza a una explotación de Peralta de Alcofea y sustrajeron 18 cerdos. Los acusados sacrificaban a los animales en las mismas estancias ganaderas y se los llevaban en furgonetas que alquilaban para tal fin.
La Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de cuatro años de cárcel por robo continuado y otros cuatro por un delito contra la salud pública (por el sacrificio y venta ilegal de animales sin ningún tipo de garantía sanitaria). No obstante, tras comprometerse a indemnizar a los perjudicados y reconocer los hechos, el Ministerio Público y las defensas, a cargo de Olga Oseira, Joaquín Tortajada y Manuel Arcas, se conformaron con una pena de dos años por los robos y un año por el delito contra la salud pública, además de una multa de seis meses.
