Preocupación por la intención de Industria de recortar el consumo del carbón nacional
El borrador del decreto que regula el sector para los próximos cuatro años reduce a la mitad la quema de mineral.
Según este documento, las explotaciones mineras únicamente podrían vender a las eléctricas 3,8 millones de toneladas de mineral frente a los 6 millones que recogía el decreto del carbón de 2014. Concretamente, se especifica que la cantidad de mineral autóctono que podrán consumir anualmente las centrales a partir de 2015 y hasta 2018 es la equivalente a 4,025 millones de termias PCS por megavatio instalado, una cifra muy inferior a lo previsto, a juicio de los sindicatos, quienes ya han comenzado a dar la voz de alarma antes de que salga adelante el decreto este mismo año.
El representante de Energía de CC. OO. Aragón, Carlos Guerrero, señaló que si bien todavía no es firme el documento, el borrador permite deducir "que la cantidad de carbón nacional que se va a poder quemar está por debajo de los compromisos adquiridos tras la firma del Decreto del Carbón en 2014, que ya se rubricó con retraso, por haber vencido a finales de 2013". Guerrero asegura que si se cumplen los malos augurios, se pondrá de manifiesto que el Gobierno "quiere liquidar el sector carbonífero de manera rápida, no llevar a cabo una reconversión pactada, de forma paulatina y menos traumática para las regiones mineras".
Los sindicatos sostienen que esta decisión, además de poner en riesgo los empleos de las explotaciones de carbón aragonesas, incidiría negativamente en el futuro abastecimiento de energía autóctona. "El carbón constituye una de las pocas fuentes de energía nacionales que tenemos, y pensamos que debe quedar lo suficiente para garantizar el suministro", explicaba Guerrero. "Es un recurso estratégico que genera energía sin depender de otros países que pondrían en riesgo el abastecimiento en caso de conflicto ni de las variaciones del mercado internacional", agregó.
Después de analizar el contenido del borrador de las orden ministerial, con la que se regularán las ayudas al sector, los sindicatos pretenden reunirse para tomar decisiones. "Ahora explicaba Carlos Guerrero queremos alertar y trasladar a la opinión pública el riesgo que entrañaría el contenido de ese borrador si no se rectifica".
El sindicalista puntualizó que hace un mes se reunió la comisión de seguimiento, integrada por representantes del Ministerio, sindicatos y patronal, una entidad que mantiene encuentros periódicos a petición de las partes. Guerrero asegura que el borrador que establece los incentivos al sector y al que ahora han tenido acceso, "no cumple las expectativas que nos trasladaron en esa última reunión".
Esta medida supondría, según los sindicatos, una reducción de casi la mitad de las cantidades asignadas en el decreto de 2014, que las cifraba entre 500 y 600 millones de euros.
Carlos Guerrero señaló, no obstante, que estos porcentajes podrían se susceptibles de variaciones. "Nos consta indicó que el borrador está sujeto a consulta con las principales empresas eléctricas del país".
