Sociedades científicas, sindicatos y asociaciones profesionales de médicos lanzaron este jueves un ultimátum a las Comunidades Autónomas y al Ministerio de Sanidad para que, cada uno en las responsabilidades que les competen, mejoren la situación de la Atención Primaria en un breve espacio de tiempo, medio año, habida cuenta de que han constatado que el primer nivel asistencial "no solo no ha mejorado ni ha experimentado cambios sustanciales, sino que incluso ha ido a peor".

Por este motivo, diversas organizaciones del primer nivel sanitario asistencial han elaborado un decálogo de medidas urgentes para ponerlas en marcha en un plazo máximo de seis meses, máxime cuando mantienen que estas mejoras no precisan de un aporte presupuestario extraordinario, sino tan solo de cambios de gestión que consideran esenciales.

Una vez culmine este plazo de seis meses, las asociaciones concertadas para lograr este logro evaluarán los resultados cosechados y, si no responden a sus demandas, amenazan con movilizaciones en aquellas Comunidades Autónomas donde no se haya cumplido el decálogo e, incluso, contra el Ministerio de Sanidad respecto a aquellas competencias que le correspondan.

Las organizaciones que han propuesto el decálogo mencionado son la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPAP), las Vocalías Nacionales de Atención Primaria Urbana, de Atención Primaria Rural y de Médicos de Administraciones Públicas de la Organización Médica Colegial, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Comisiones Obreras, Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la Unión Sindical de Castilla y León, aunque no descartan que otras organizaciones se sumen a sus reivindicaciones.

Tabla de reivindicaciones

La mayoría de las demandas contempladas en el decálogo competen a las CCAA, ya que tienen transferidas las competencias, si bien tres de ellas son responsabilidad del Ministerio de Sanidad, en concreto implantar la receta electrónica multiprescripción (autorización a la farmacia para que el paciente recoja directamente su medicación), adecuar los documentos de incapacidad temporal al tiempo previsible de duración según cada paciente (es decir, que los pacientes no tengan que renovar necesariamente cada semana esta situación) y el límite máximo de pacientes por médico de familia, establecido ya en un proyecto estratégico para la mejora de la Atención Primaria (la denominada Estrategia AP21), que sitúa en 1.500 el límite de cupo a cada médico de familia y en 1.200 a cada pediatra.

El resto de las demandas contempladas en el decálogo persiguen efectuar los cambios de gestión necesarios que permitan disminuir hasta en un 80 por ciento algunos trámites burocráticos de los médicos de familia. Benjamín Abarca, presidente de la SEMG, consideró plausible este objetivo en el plazo marcado de seis meses, e incluso llegó a sostener que los facultativos recuperarían un 60% del tiempo que actualmente dedican a labores administrativas.

Entre las medidas del decálogo que deberían poner en marcha las CCAA figuran elaborar un modelo de Informe de Salud único para todas las administraciones, regular que la burocracia de otros niveles asistenciales las realice quien las genere (prescripción, revisión, transporte sanitario...) y reservar en agenda una hora al día para formación e investigación del médico de atención primaria.

También demandan flexibilizar las agendas en función de las características de cada centro de salud y regular el rol de todos los profesionales sanitarios, así como crear la figura del Auxiliar Sanitario de Apoyo en Consulta (ASAC), para que realice aquellos trabajos que no son competencia del médico de familia (ayudar a vestir o desvestir al enfermo, preparar las camillas u otro material, limpiarlo, etc.). Como colofón, el decálogo incluye la necesidad de retribuir las sobrecargas de trabajo, al menos en la misma cuantía del sustituido.