Los jueces están sometidos a la ley, como todos, pero además su cargo les convierte en garantes de los derechos, libertades e intereses legítimos de los demás ciudadanos. El Tribunal Supremo ha tenido que recordar este principio jurídico elemental al juez Pablo de la Rubia, con funciones en el registro civil en Sagunto (Valencia), empeñado en declararse objetor a los matrimonios homosexuales. El alto tribunal confirma la respuesta que ya dio en su día al mismo magistrado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): los jueces no pueden dejar de hacer aquello que forma parte central de sus funciones -en este caso oficiar y registrar bodas, de todo signo sexual -, ni por razones de conciencia ni por nada. No tienen derecho a objetar.

En la sentencia, conocida este viernes, la Sala Tercera del Supremo, rechaza el recurso interpuesto por De la Rubia contra la decisión del CGPJ e insiste en que no importa que sea posible sustituir al juez 'objetor' en aquellas bodas homosexuales que se le presenten, ni de que "haya formas de evitar perjuicios" a esos contrayentes. Se trata, dice el tribunal, "del principio que somete al juez a la Ley en cualquiera de los cometidos que tiene atribuidos y que convierten su intervención ( ) en garantía de los derechos e intereses legítimos de todos". Ese principio quedaría vulnerado si se supeditara "a consideraciones de conciencia" el cumplimiento del deber del juez. Máxime -añade la Sala- cuando, como en este caso, las funciones judiciales, casar e inscribir en el Registro Civil, "tienen un carácter técnico, absolutamente desvinculado de toda práctica religiosa".

Pronunciamientos reiterados

La sentencia del Supremo se añade a otros pronunciamientos de distintas instancias que deniegan también la objeción de conciencia planteada por algunos jueces o funcionarios del Registro Civil tras la legalización de los matrimonios gays. El Tribunal Constitucional ni siquiera admitió a trámite las cuestiones o preguntas planteadas sobre este punto por jueces contrarios y les instó a aplicar la ley y dejar de cuestionarla. El CGPJ multó a la juez del Registro de Denia (Alicante) Laura Alabau por negarse repetidamente a oficiar bodas entre homosexuales, y le ha advertido por su contumacia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid conminó a una secretaria judicial de un juzgado de la comunidad a cumplir con sus funciones en este tipo de uniones, a las que se oponía, y un juez de paz presentó su dimisión por imperativo moral para no tener que casar a homosexuales.

Los prejuicios morales o religiosos también son la causa de los expedientes disciplinarios abiertos por el CGPJ al juez del juzgado de primera instancia número 9 de Murcia, Fernando Ferrín Calamita, y de varias querellas por retrasar de manera intencionada un proceso de adopción dentro de una pareja de lesbianas, y por el uso de expresiones y argumentaciones "extravagantes" en un auto en el que denegó la custodia de sus dos hijas a una madre debido a la supuesta homosexualidad de ésta.