La Guardia Civil ha desmantelado una red dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales en una operación en la que se han intervenido más de media tonelada de cocaína y dos millones de euros y se ha imputado a 31 personas, entre ellas el ex futbolista José Luis Pérez Caminero.

Según ha informado el instituto armado, la operación comenzó en Madrid, pero la banda tenía apéndices en Valladolid, Sevilla y Barcelona.

El ex futbolista del Atlético de Madrid y del Real Valladolid, que también fue director deportivo de este último club, llegó a ser detenido la semana pasada en la capital castellana, han informado fuentes del caso.

En Valladolid han sido imputadas otras tres personas: dos profesionales del sector de banca y uno del ámbito del Derecho, según las mismas fuentes.

La red se dedicaba a introducir en España importantes cantidades de cocaína procedente de México y Colombia, por lo que había tres grupos implicados: uno de nacionalidad mexicana, otro de origen colombiano y el tercero español.

Los colombianos y mexicanos eran los encargados de distribuir la cocaína en España, mientras que el grupo de españoles utilizaba como tapadera empresas y negocios legales, a través de los cuales blanqueaban los beneficios obtenidos con el tráfico de drogas.

El dinero de la transacción era enviado como pago de la droga a través de integrantes de la organización que alegaban ser turistas que volvían a su país de origen, lo que permitió a la Guardia Civil descubrir en los dobles fondos de las maletas 685.400 euros, cuyo destino era el aeropuerto de México.

La investigación condujo a un piso ubicado en el barrio madrileño del Ensanche de Vallecas, en el que la Guardia Civil interceptó casi todo el alijo, unos 550 kilos de cocaína.

A continuación los agentes intervinieron 23.500 gramos más en Madrid, cuando se iba a realizar una transacción.

En total se han intervenido 570 kilos de cocaína, más de dos millones de euros y siete vehículos de alta gama, así como máquinas para contar dinero y numerosa documentación.

El grupo, según la Guardia Civil, tenía un alto nivel de especialización y medidas de seguridad para los desplazamiento y citas que complicaron la labor de investigación.