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El TC validará esta semana castigar con cárcel el acoso en las clínicas abortistas

El pleno rechazará el recurso de Vox contra la ley que permite penar con entre tres meses y un año de prisión el hostigamiento a embarazadas y sanitarios.

Fachada y entrada al edificio del Tribunal Constitucional de España, en Madrid.
Imagen de archivo de la fachada y entrada al edificio del Tribunal Constitucional de España, en Madrid.
EP

El Tribunal Constitucional avalará esta semana la ley que desde hace dos años permite a los jueces castigar con cárcel a los activistas "provida" que hostiguen ante las clínicas abortistas a las mujeres que han decidido interrumpir voluntariamente la gestación o que obstruyan el trabajo de los médicos, enfermeras y gestores de estos centros, los profesionales encargados de garantizar que las embarazadas pueden ejercer su derecho.

El pleno de la corte de garantías está previsto que debata y ratifique antes del viernes el borrador de sentencia elaborado por la magistrada María Luisa Balaguer, que rechaza el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por diputados de Vox. La ponencia de Balaguer indica que, en contra de lo mantiene el grupo ultraderechista, no hay desproporción alguna en castigar estos actos con penas de prisión, porque trata de garantizar que las mujeres puedan ejercer libremente su derecho al aborto, y también rechaza que el nuevo artículo del Código Penal vulnere derechos como los de libertad religiosa, ideológica, de expresión o de manifestación.

La reforma legal que busca poner fin a los piquetes, las descalificaciones, las pancartas y fotografía o los ataques a la intimidad de las embarazadas y los sanitarios, impulsada por el PSOE, contó en 2022 con el respaldo de todos los parlamentarios salvo los de Vox y el PP.

El artículo 172 crea un subtipo del delito de coacciones, la obstaculización del aborto, que será castigado con cárcel de tres meses a un año o, a criterio del juez, con la pena alternativa de 31 a 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Los condenados, según las circunstancias que concurran en los hechos, pueden recibir una pena adicional de alejamiento. Se les prohibirá acudir a determinados lugares (en este caso los alrededores de las clínicas abortistas) por un tiempo de seis meses a tres años. No obstante, estas dos no serán las únicas penas que puede recibir el autor del nuevo delito. A estos castigos se les sumarían los que «pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso».

El nuevo artículo del Código Penal indica en su punto primero que se impondrán las penas de cárcel y alejamiento a quien, "para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad". Dentro de esta amplia casuística parecen encajar los piquetes descritos en el preámbulo del propio texto legal, pero también la práctica de ecografías en vehículos o el ofrecimiento de cafés, que luego impiden la anestesia y la intervención.

El artículo, en su punto segundo, añade que "las mismas penas se impondrán a quien, en la forma descrita en el apartado anterior, acosare a los facultativos o directivos de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo".

Reclamación de la ONU

La reforma responde a una recomendación del Defensor del Pueblo para crear "zonas seguras" que garanticen el libre acceso de las mujeres a estos centros sanitarios, a las directrices dictadas por la Organización Mundial de la Salud, a las quejas reiteradas de las propias embarazadas y a los llamativos datos revelados por un informe realizado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, las que practican el 90% de los abortos legales, elaborado a partir de las entrevistas a centenares de pacientes.

La indagación concluyó que nueve de cada diez embarazadas que acudieron a abortar a los centros experimentaron "acoso". Es más, dos de cada tres se sintieron amenazadas por la actuación de los "provida" que, según dijeron, las increparon, insultaron y coaccionaron para que cambiasen su decisión y las hostigaron con proclamas, fotografías, ecografías o fetos de juguete.

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