​Un juez decidirá sobre Andrea ante el enfrentamiento del hospital y los padres de la niña

Un juez de Santiago de Compostela tendrá que decidir sobre el futuro de Andrea. Será la segunda vez que un magistrado se pronuncie sobre el tratamiento médico que debe recibir esta pequeña de 12 años con una enfermedad neurodegenerativa grave e incurable. Porque los responsables del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) esbozaron algunos de los detalles de lo que está pasando de puertas adentro; y sorprendieron al confirmar que Andrea está recibiendo un tratamiento impuesto por una orden judicial dictada en julio. Entonces, el CHUS y Estela Ordóñez y Antonio Lago, progenitores de la niña, acudieron al tribunal para que dictaminara sobre la medidas después de que Andrea sufriera una hemorragia gastrointestinal. Entonces, el juez avaló a los profesionales del CHUS; una situación que el gerente del centro, Luis Verde, se mostró convencido de que se vuelva a repetir tras la petición de los padres de que se le retire la alimentación artificial.

El responsable hospitalario aseguró que los pediatras actúan conforme "a lo que marca la legislación y la buena práctica clínica", negó cualquier obstrucción médica con la pequeña y aseveró que los galenos intentan cumplir con esa limitación del esfuerzo terapéutico que solicita la familia. Pero el paso dado por los padres hace que la dirección del hospital haya decidido volver a consultar al juez para que determine cuáles son los pasos que hay que dar a continuación y aseverarse de que han cumplido a rajatabla con el mandato de los tribunales. En este nuevo capítulo, se remitirá la historia clínica actualizada de Andrea como el informe del comité de bioética del CHUS. Este documento del 14 de septiembre, que no es vinculante en la toma de decisiones médicas, avalaba la postura de los padres.

Verde, sin entrar en los detalles del caso y no romper la confidencialidad, solicitó mesura para resolver el asunto. "Estamos hablando de un paciente crónico. Dada la importancia del caso, el tiempo y la calma suficientes para actuar del mejor modo posible", incidió el gerente, que rechazó hablar de una posible objeción de conciencia. "Nuestros médicos siempre actúan con arreglo a los principios de la ética y de la buena práctica clínica, y no creo que tengan ninguna limitación ni sensación para no poder hacerlo así", comentó. La vida de Andrea, ahora mismo, no depende de ningún soprote mecánico para mantener sus funciones. Su única dependencia es alimentaria, ya que recibe directamente en el estomago nutrientes.

Por si había alguna duda, el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, recordó que el código deontológico es claro en este tema tan espinoso. "Cuando no hay capacidad para revertir la situación, insistir en mantener una vida de forma artificial es aumentar una vida un tiempo que ya no es vida", apuntó el máximo responsable de los médicos españoles.

Rodríguez Sendín desligó esta situación con un posible caso de eutanasia. "Los padres están pidiendo que la dejen morir en paz, lo cual es razonable. Pero que nada tiene que ver con la eutanasia", apuntó.Legalización

En un sentido similar se expresó la Federación de Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), aunque abogó por la despenalización de la eutanasia como sucede en Países Bajos o Bélgica. "En los países donde está bien regulada, no se da ningún tipo de abusos", explicó Marciano Sánchez-Bayle. El presidente de la FADSP criticó la actuación del hospital y aseguró que "se están vulnerando los derechos de los padres". "Se está añadiendo un sufrimiento innecesario. Dejar este asunto en manos de los tribunales es muy negativo", afirmó Sánchez-Bayle.

Por su parte, el Gobierno apeló a la prudencia a la espera que la justicia se pronuncie. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, mostró su confianza en los profesionales sanitarios y en su buen hacer para evitar que la niña sufra un tratamiento innecesario en "una situación que no tiene vuelta atrás". Alonso recordó, al igual que hizo su homólogo de Justicia Rafael Catalá, que la ley de autonomía del paciente garantiza el derecho a rechazar un tratamiento, a que una persona no sea sometida a una terapia innecesaria, a que no haya encarnizamiento terapéutico y a recibir cuidados paliativos.