El próximo 1 de enero entran en vigor las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea y España tendrá que comenzar a corregir los serios desequilibrios de sus finanzas públicas: déficit y deuda, además de la brecha del sistema de pensiones. 

La Airef prevé que será necesario un ajuste de entre 6.200 y 9.200 millones de euros anuales. Un reto difícil, que resultará aún más complicado de superar con un Gobierno que ni siquiera ha sido capaz de presentar este año, como es su obligación constitucional, un proyecto de Presupuestos.

A primera vista, la economía española marcha bien. El PIB crece y se sigue creando empleo a un ritmo notable. Pero no hay que olvidar que esta progresión se ha visto impulsada en los últimos años por la laxitud fiscal autorizada por Bruselas, la llegada de fondos europeos y una inflación que ha favorecido los ingresos fiscales. La otra cara del crecimiento económico es así una deuda pública elevadísima, por encima del 107% del PIB, y un déficit que tampoco se ajusta a las normas de la UE. Las nuevas reglas fiscales serán más flexibles que las anteriores, pero obligan en todo caso a volver a una senda de disciplina que requerirá ajustes muy sustanciales en el gasto público. Y no se trata solo de una exigencia europea, puesto que esos desequilibrios representan una grave vulnerabilidad para el futuro económico de los españoles y es necesario rectificarlos. Esta tarea requerirá que el Gobierno tome decisiones difíciles, probablemente impopulares, que tendrán además que ser avaladas por el Parlamento. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, sostenido por aliados que se desentienden del bienestar del conjunto del país y que le plantean exigencias económicas particularistas, está en una situación muy difícil para hacer frente a este reto que sin embargo tendrá que abordar porque de ello depende la estabilidad económica de España.