Democratizar la Justicia
Trabajar cansa ("lavorare stanca", Pavese). Comunicarse también. En las últimas décadas se han formalizado conceptos que ayudan a entender, medir y describir este esfuerzo; a proponer estrategias para reducirlo y hacerlo más aceptable.
Los avances proceden de la ‘pragmática del lenguaje’. La idea directriz: la comunicación es cosa de dos y una parte de ese esfuerzo lo pedimos al destinatario. Aquí entran en juego varios principios; los centrales giran en torno a la utilidad percibida (relevancia, pertinencia…).
Toda una vicepresidenta del Gobierno de España debe estar familiarizada con estas nociones básicas. Entonces, ¿qué aporta su llamada a ‘democratizar la justicia’? ¿Cuál es el estado de cosas cuya modificación propone?
Como destinatario de ese discurso asumo que lo que me dice es de utilidad, pero no me resulta fácil reconstruir el fundamento de su llamada. Tanto democracia como justicia son términos con muchos significados y por ello las lecturas posibles de su combinación son bastantes. No es mi intención un análisis exhaustivo. Me servirá una interpretación gruesa: la vicepresidenta entiende que en España hay un desajuste entre la democracia y la actividad de jueces y tribunales, que es grave, y cuya corrección es una de las prioridades que nos fija a nosotros, ciudadanos, como titulares de la soberanía política.
Mi problema es que no entiendo el problema. ¿Me está diciendo que todos los asuntos sometidos a revisión jurisdiccional tienen un componente ideológico que hay que armonizar con el gobierno? ¿Que toda la judicatura está en manos de ‘no demócratas’?, ¿de antidemócratas? ¿Cómo los reconoceremos? ¿Organizaremos una OVRA de estilo musoliniano?
Quiero entender la arenga que me llama a la movilización. Me vendría bien un mejor nivel del discurso político; suficientemente concreto para valorarlo y para activar nuestra respuesta. ¿Qué es ‘la judicatura’? ¿Qué es ‘democracia’ en este contexto jurisdiccional?
Quiero hacer el análisis del lema, para conformarme o discrepar. No veo cómo hacerlo; no sé ni cómo empezar. Estamos ante un estilo de discurso político que llama a la fe, no a la razón; diseñado para hacer imposible la discrepancia. ¿Cómo puedo refutar una exposición que no tiene ningún peso argumental? El que afirma, fundamenta. ¿Cuál es el fundamento del lema? Si no hay fundamento, no hay afirmación. ¿Entonces?
Haré acto de fe; supongo que es lo que espera la portavoz de estas nuevas clerecías. Haré como que soy capaz de reconstruir ese razonamiento implícito que no expresa.
Aun dando este salto de fe, estoy todavía a medio camino. Cuando se reclama la democratización de la justicia, ¿qué modelo se nos propone? Para acudir a la llamada necesitamos concreción. ¿Algún referente cierto? Arengas de este tono han fundamentado tribunales del pueblo, guardianes de la revolución, que sustituyen los criterios técnicos de los juristas.
La independencia judicial no se satisface cuando cumpla esta condición el órgano supremo que les gobierna. Cada uno de los jueces y juezas deben sentirse, deben saberse, independientes en sus decisiones; sin la sombra de un órgano revisor que haga prevalecer interpretaciones con el sesgo político del gobierno de turno, o de la exigua, disonante e inescrutable mayoría del Congreso que lo sustenta.
En un Estado de derecho debe percibirse sin esfuerzo la supremacía de la Ley, fundamentada en la existencia de un equilibrio institucional que nos proteja de los cesarismos.
Jesús Morales Arrizabalaga es profesor de la Universidad de Zaragoza
