Tras la amnistía, toca la pasta

El Estado de las autonomías quedó configurado en 1978 con la Constitución. En 1980, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) organizó el sistema y paulatinamente las regiones fueron adquiriendo competencias de gasto público. 

Desde entonces, coexisten dos sistemas: el régimen foral (País Vasco y Navarra) y el régimen común (el resto de las comunidades y ciudades autónomas).

En 1978, el PNV reclamó un trato de favor y logró introducirlo en la Carta Magna a través de la Disposición Adicional Primera. Se cedió para sumar al nacionalismo vasco al consenso constitucional, pero no se consiguió. Lo explica Alfonso Guerra en su libro ‘La España en la que creo’. Al final "preconizaron la abstención en el referéndum de la Constitución y han creado un buen número de problemas que afectan a la convivencia de los españoles y pueden llegar a ser el germen de la destrucción del Estado unitario".

El modelo autonómico se sustenta en el viejo mecanismo descrito por el jurista Santiago Muñoz Machado en su ensayo ‘Informe sobre España’: "La clase política y las élites sociales han conseguido trenzar sus intereses de modo que las ventajas de la estabilidad y el parasitismo sobre las instituciones públicas se repartan de un modo equilibrado entre ellos o, en su caso, procurando una razonable rotación en el disfrute de prebendas".

Durante décadas, las élites de Madrid han pactado con otras élites relevantes, sobre todo las burguesías vasca y catalana. Este entendimiento explica que Jordi Pujol diera su apoyo a la Constitución en 1978. El respaldo se resquebrajó con la investigación judicial de la corrupción de los Pujol y Convergencia. Además, la reacción popular de los ‘indignados’ a los recortes presupuestarios impuestos por la Generalitat desde la crisis económica de 2008 amenazó a CiU con dejarle sin el respaldo de las clases medias. En 2012, el ‘president’ Artur Mas, después de acceder al Parlament en helicóptero para sortear las airadas protestas, acude a la Moncloa para exigir una financiación similar a la vasca. Rajoy le dice que no. Es entonces cuando impulsa el ‘procés’ independentista (‘golpe posmoderno’, lo ha denominado Daniel Gascón).

"Todo empezó en 2012, cuando Artur Mas regresó de la Moncloa con la negativa de Rajoy a abordar un pacto fiscal para Cataluña", escribe Lola García en ‘El naufragio’. Todo terminó en 2017 con la ‘congelación’ de la autonomía catalana en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Seis años más tarde, una carambola electoral y las ansias de poder de Pedro Sánchez les ha dado a los partidos secesionistas otra oportunidad para chantajear a la Moncloa con la exigencia de un concierto financiero ventajoso, como el cupo vasco. Este es el nuevo peaje. Esta semana, Junts y ERC ya han reclamado la autodeterminación. El Gobierno se niega, pero al final podría darles el cupo con la excusa de que es un mal menor para evitar el referéndum.

Se trata de un paso que restaría recursos no solo al sistema de financiación autonómico, sino a las arcas del Estado para sustentar políticas públicas. Además, otras comunidades podrían reclamar el mismo trato, lo que supondría instaurar un modelo fiscal confederal, insostenible para el conjunto del país y contrario a los valores constitucionales de solidaridad entre las regiones (art. 2).

El PSOE juega con fuego. Dividir a una sociedad es muy fácil; volverla a unir, muy difícil.

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