Una amnistía para Puigdemont
Pese al bosque y su hojarasca, conviene insistir en que en España nadie que se confiese o defienda políticamente una opción independentista ingresa en prisión.
Los condenados por el Tribunal Supremo en el caso del ‘procés’ lo fueron por violentar la Constitución, por la comisión de diferentes delitos como la sedición o la malversación. En Cataluña existe un Gobierno autonómico que se define abiertamente independentista y que, pese a perseguir su anhelo secesionista, se encuentra amparado por el ordenamiento constitucional. También es bueno recordar que en las elecciones de diciembre de 2017, convocadas por el entonces presidente Mariano Rajoy tras activar el artículo 155, concurrieron los partidos que en septiembre de aquel mismo año habían aprobado las conocidas como ‘leyes de desconexión’, donde, por cierto, se incluía la amnistía para el expresidente de la Generalitat Artur Mas.
Las primeras reacciones del independentismo catalán a la aprobación por parte de la Comisión de Justicia del Congreso del texto de la ley de amnistía han insistido en la alteración del relato objetivo de los hechos. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, señaló que lo acordado era «el inicio del fin» de una «pesadilla en forma de represión», mientras que la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, aseguraba que este acuerdo evitará que los jueces «retuerzan» la ley.
Para muchos puede parecer trivial la defensa de la precisión del relato dentro de la maraña declarativa en la que se ha convertido la política, pero el cómo y el quién son siempre significativos. Que el secesionismo altere a capricho una narración, sin dejar de ser algo tan injusto como interesado, resulta previsible, pero que el Gobierno secunde esta práctica o que, sencillamente, opte por no censurarla, nos introduce en la desolación. Habla el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, de la apertura de una «etapa de diálogo» y del cierre de un «conflicto» sin reparar en que el empleo de ciertos términos no hace sino menoscabar el peso y la acción de la Justicia.
Al margen de un procedimiento de tramitación de la ley que ha evitado todo debate y de las severas dudas de constitucionalidad, la supuesta bondad del argumentario del Gobierno sobre el alumbramiento de un nuevo tiempo de reconciliación se cae por su propio peso cuando se escucha al independentismo. Tanto para ERC como para Junts, la amnistía no es más que «el punto de partida» de un proceso que tras un referéndum de autodeterminación habrá de culminar con la independencia. No existe ni arrepentimiento ni petición de disculpas por el desafío secesionista y, desde luego, tampoco aparece por ninguna parte una voluntad de reparación que busque la construcción de un nuevo clima de lealtad. La amnistía es la pieza que demandaba el independentismo para prestar su apoyo parlamentario al Ejecutivo de Sánchez -estos días fuera de España por encontrarse de viaje oficial en Brasil y Chile-, y la que, sin mayores reparos, le ha sido concedida.
La amnistía es una ley hecha a medida para Carles Puigdemont que quiebra el principio de igualdad defendido en la Constitución y que en su contenido establece un escandaloso blindaje que en materia de terrorismo no tiene reparo alguno en sortear el Código Penal español para remitir a las normas europeas. Se protege, de este modo, al expresidente catalán del Tribunal Supremo mientras se restringe la acción que pueden desplegar los jueces españoles.
Queda ahora por conocer qué ocurrirá en los próximos meses. Con una tramitación que se presupone agitada, especialmente en el Senado donde el Partido Popular tiene mayoría y buscará apurar los plazos, pocos dudan de que la ley acabará ante el Tribunal Constitucional. Si se supera este último obstáculo, será el momento de descubrir cuál es la interpretación y aplicación que realizan los jueces.
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