La amnistía es inconstitucional y no responde al interés general
La ley de amnistía ya va camino del pleno del Congreso para su aprobación, después de que la Comisión de Justicia le haya dado luz verde tras incorporar los cambios pactados por el PSOE con Junts y ERC.
El texto final modifica el tratamiento de los dos delitos que más preocupan a Puigdemont: el terrorismo y la traición. Pedro Sánchez consuma así su más grave cesión a los independentistas, que le han dictado la ley para beneficiar a quienes delinquieron en 2017. A cambio de sus votos para continuar en la Moncloa, socava los principios básicos de la separación de poderes y de la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Los partidos del Gobierno y sus socios han aprobado el dictamen de la ley en la Comisión de Justicia un mes después del bloqueo provocado por el rechazo de Junts al texto, porque consideró que no garantizaba que todos los implicados en el ‘procés’ separatista eludiesen la acción de la Justicia. Los de Puigdemont aseguran ahora que la norma ya da las garantías suficientes para que llegue "a todo el mundo", al establecer el nuevo texto que los delitos de terrorismo, traición y malversación también puedan ser perdonados. La amnistía es en sí misma una medida inconstitucional, pues la Carta Magna prohíbe los indultos generales. Pero además esta ley viene a desarmar al Estado de derecho al dejar impunes las acciones de quienes pretendieron en Cataluña quebrar la unidad de España y violentar la Constitución aprovechándose del poder de las instituciones que gobernaban. Por añadidura, resulta vergonzoso y humillante que sean lo propios beneficiarios los que han dictado la norma, que ha sido asumida por el PSOE por la única razón de que necesita los votos de ERC y Junts para mantenerse en el poder.
La prueba de la desfachatez de la amnistía es que el Gobierno la ve, según ha proclamado pomposamente el ministro Bolaños, como el fin del "conflicto catalán", mientras que Junts la considera una palanca para la independencia. En este sentido, el secretario general de la formación secesionista, Jordi Turull, ha sido explícito: "Tenemos la amnistía, ahora vamos a por la autodeterminación". Por su parte, Pere Aragonès ha afirmado que el texto supone "el reconocimiento de que la represión del Estado contra el independentismo ha sido ilegítima". No hay, pues, ninguna reconciliación, a pesar de lo que se dice en la justificación de la ‘Proposición de Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña’. Lo que sí hay es la quiebra del principio de que todos estamos sujetos a una ley común, clave de bóveda del Estado de derecho.
