Las autoridades de Israel han intensificado la crisis diplomática con España por dos vías a la vez. Por una parte, ha retirado a su embajadora en Madrid, lo que supone dejar vacante de manera indefinida su representación diplomática. Por otra, ha convocado por segunda vez a la embajadora de España en Tel Aviv para expresarle una protesta oficial. 

La causa es una nueva declaración del presidente Pedro Sánchez en las que ha expresado "francas dudas" de que Israel esté actuando en el marco del derecho internacional humanitario en sus bombardeos sobre Gaza. Este choque con Tel Aviv, unilateral y sin atender a la responsabilidad de ocupar la presidencia de la UE, sitúa al Gobierno español en las antípodas del papel de mediador que debe desempeñar en Oriente Próximo.

España, como cualquier país, tiene la obligación de denunciar las violaciones de las leyes internacionales, sobre todo cuando les cuesta la vida a muchos seres humanos. Pero para ello existen mecanismos diplomáticos. Las declaraciones públicas que viene haciendo Sánchez esta última semana no han servido para acercar la paz al pueblo palestino, sino para desairar a un aliado y para granjearse unos paradójicos elogios de Hamás.

El error del presidente sería aún más criticable si lo que pretende, al avivar una crisis diplomática con un país amigo, es desviar a Gaza el foco de la atención pública para alejarlo de cuestiones más asfixiantes para él como el enfrentamiento con el Poder Judicial o la polémica reunión de mañana en Ginebra con Junts y un verificador internacional. Sánchez es consciente de que buena parte de la ciudadanía española rechaza con razón el nivel de destrucción de la venganza israelí por los atentados de Hamás, pero su responsabilidad es utilizar ese respaldo social para cooperar a crear un marco pacífico, seguro y justo para las dos partes en conflicto.