Independencia judicial
La historia narrada por Edward Shawcross en su libro ‘El último emperador de México’ refleja las rocambolescas decisiones que permitieron a Maximiliano de Habsburgo convertirse en gobernante de un país que nunca antes había pisado.
El relato, enmarcado en las ansias expansionistas y coloniales de la Europa del siglo XIX, descubre a un hombre convencido del protagonismo que, por derecho propio, la historia debía adjudicarle. Tal y como recoge Shawcross, citando a Tácito, "si nunca hubiera sido emperador nadie habría dudado de su capacidad para reinar".
Salvando todas las distancias, la frase permite comprender cómo el relato de la historia se encuentra repleto de cruces de caminos que solo la ucronía se atreve a desafiar. Lo que pudo ser y no fue e incluso las expectativas creadas sobre todas aquellas oportunidades fallidas son terreno abonado para los novelistas, pero no sirven para corregir el curso de los acontecimientos. La crisis interna que sacudió al PSOE en 2016 concedió a Pedro Sánchez, tras su dimisión y posterior creación de una gestora en el partido, una renovada conexión con una militancia que, probablemente, le habría dado la espalda si hubiera mantenido la secretaría general. Aquella debilidad, convertida en la fortaleza que le permitió laminar a sus opositores, describe el cómo y los porqués de buena parte de su actual comportamiento político. Sin reparos para el cambio de parecer, Sánchez –como ha reconocido su nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente– "probablemente no" habría cedido ante el independentismo catalán si no fuera necesario para superar la investidura, pero la priorización del interés personal ha sabido imponerse frente al interés general, garante este último de la convivencia.
Mirar por el interés general, bajo un prisma de generosa responsabilidad, es lo que permitió a los padres constitucionales introducir a España en la senda de la reconciliación. Como nos recuerda Miquel Roca, "la democracia es pacto", confirmando que la Constitución, a punto de cumplir su 45 aniversario, "solo fue posible por ser elaborada por todos, entre todos y para todos". Aquel gran acuerdo democrático diseñó un equilibrio entre los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) para establecer un reparto de fuerzas que dio sentido pleno al Estado de derecho. Limitar o someter un poder frente a otro no solo invita al abuso político sino que, indefectiblemente, reduce la calidad democrática.
Junto a la aprobación esta semana por parte de la Mesa del Congreso del inicio de la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía, también se ha activado el procedimiento para la creación de las comisiones de investigación que los independentistas exigieron para denunciar los supuestos casos de ‘lawfare’. La imagen de los jueces rindiendo cuentas ante los políticos, permitiendo el cuestionamiento de las sentencias bajo la premisa de la existencia de una Justicia dependiente, es uno de los relatos más peligrosos que pueden trasladarse en democracia.
En la medida que vaya discurriendo la legislatura observaremos una progresiva acumulación de ataques contra el poder judicial. El viernes, sin ir más lejos, Sumar –socio de coalición del recién estrenado Gobierno junto al PSOE– interpuso una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los vocales conservadores por lo que entienden es una "inaceptable intromisión" en las funciones del Congreso. Los jueces van a ser agriamente cuestionados. No solo se pondrá en duda su independencia, sino que se les terminará acusando de situarse en un escenario de supuesta rebeldía.
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