Un Tribunal imparcial
El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Juan Carlos Campo, que fue ministro de Justicia con Pedro Sánchez entre enero de 2020 y julio de 2021, ha expresado su intención de no participar en las deliberaciones sobre los recursos a la Ley de amnistía que se presenten ante el órgano de garantías.
Como titular de Justicia, tramitó en junio de 2021 los indultos a los condenados del ‘procés’. En el informe con el que justificó aquella medida de gracia, sostuvo que los indultos eran plenamente legales, pero que una amnistía (que implica borrar los delitos, no solo perdonar las penas) sería "claramente inconstitucional". Fuentes del Tribunal han explicado que con esta decisión busca salvaguardar la "imparcialidad" de una posible sentencia sobre la amnistía, pero su gesto compromete a otros jueces del Tribunal y al propio presidente de la corte de garantías, que también tuvieron relación con el Gobierno socialista.
Era evidente que la presencia de Campo en una futura deliberación sobre la amnistía debía estudiarse, al igual que la del presidente del TC, el ‘progresista’ Cándido Conde-Pumpido (que fue fiscal general), y la de la magistrada Laura Díez (que trabajó a las órdenes de Carmen Calvo y Félix Bolaños desde febrero de 2020 hasta abril de 2022). La tesis de la mayoría ‘progresista’ es que las manifestaciones del pasado no marcan la postura futura y no afectan, por ello, a la objetividad. No obstante, la decisión del exministro abre un intenso periodo de recusaciones que comenzó a calentarse antes siquiera de que el texto viera la luz. Los números actuales del TC arrojan una clara mayoría ‘progresista’ que, además, ha actuado unida hasta el momento: 7 a 4, a falta de cubrir una vacante. Con la abstención de Campo la relación de fuerzas quedaría en 6-4, un margen menor. Los equilibrios entre magistrados ‘progresistas’ y ‘conservadores’ se estrechan.
