El pacto de investidura de Pedro Sánchez, producto de una serie de cesiones inéditas, ajenas a toda proporción, será recordado como un incomprensible ejercicio de desmontaje institucional en beneficio personal. Sobre el papel, y a la espera de la letra pequeña, se ponen en cuestión muchos de los sustentos constitucionales, permitiendo una interpretación por desborde de nuestra Carta Magna que ataca principios tan básicos como la separación de poderes. No es tanto la posibilidad de la aplicación de una ley de amnistía diseñada al efecto por los propios condenados como el hecho de que las necesidades parlamentarias de Sánchez sean motivo suficiente para entregar a Carles Puigdemont la credibilidad del Estado. Permitir que aquellos que fueron juzgados sean ahora los redactores de su propia ley de amnistía, despreciando las sentencias, solo garantiza un aireado menosprecio hacia el poder judicial y hacia su independencia. Conceder la oportunidad de humillar a los jueces, estableciendo una deslegitimación de sus actuaciones, supone darle a Junts la oportunidad de perpetrar un ataque contra el Estado de derecho.

El pacto entre el PSOE y Junts, que ha logrado que todas las asociaciones de jueces y fiscales, al igual que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), expresen sin fisuras su rechazo, descubre la incomprensible posibilidad de que se creen comisiones de investigación sobre las decisiones de los jueces. Textualmente el documento señala que «las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto de ‘lawfare’ o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas». La introducción de este redactado significa la aceptación de las tesis independentistas sobre la connivencia entre política y justicia, concediendo amparo al argumentario de Puigdemont de que existió un empleo partidista de la Justicia que garantizó una adulteración de la misma legalidad.

El acuerdo supone un rebaje de la legitimidad del Estado y la incomprensible rehabilitación de Puigdemont como líder autorizado del secesionismo catalán. Sánchez, que el viernes también cerró un acuerdo con el PNV que, evidentemente, no podía quedar muy por debajo de lo logrado por Junts, se mostró dispuesto a negociar el «reconocimiento nacional» del País Vasco. Un modelo político basado en la bilateralidad y que eleva hasta el máximo las competencias.

Los diferentes acuerdos alcanzados por Sánchez para lograr la investidura, donde con el PNV hasta ha cerrado nuevas competencias para Navarra, reconociendo la ambición del nacionalismo vasco sobre el territorio foral, están marcados por un permanente pacto a medida de cada uno de sus interlocutores. Sin reparar en las consecuencias, el líder socialista se adentra en una legislatura que arranca cuestionando desde el poder judicial hasta la autoridad política de anteriores gobiernos y el papel de su propio partido, que respaldó la aplicación del 155 en Cataluña en 2017.

Sembrar la duda sobre el funcionamiento del Estado, pensando que se puede hacer tabla rasa al pretender que se ignore quiénes son sus nuevos socios de referencia y cuáles fueron sus delitos, no hace sino quebrar requisitos constitucionales tan básicos como son la igualdad y la justicia.