Comprendo que muchos ciudadanos quieran expresar en público su rechazo a la amnistía que están negociando Sánchez y Puigdemont. Si bien conviene racionalizar y atemperar los sentimientos, aunque solo sea porque en España, en los últimos diez o doce años, ya hemos padecido demasiadas efusiones inútiles de indignación. 

Además, el derecho de manifestarse en la calle –que no de ‘tomar’ la calle, que es de todos, de los que se manifiestan y de los que no– es una de las herramientas básicas para la intervención de la ciudadanía en la política, y cuando la movilización es verdaderamente masiva puede condicionar o modificar las decisiones de un gobierno o de un partido. Ojalá que en este caso el PSOE escuchase el mensaje y cambiase de rumbo. Para hacer un uso legítimo y cívico de ese derecho fundamental, las manifestaciones tienen que ser, por supuestísimo, pacíficas y han de atenerse a la legalidad. Pero además, a mi entender, las protestas deberían mantener siempre la distancia con el ‘protestado’, sea este persona o entidad. No es buena idea ir a concentrarse delante de las sedes del PSOE. Cuando se hace, la lógica y legítima protesta se convierte fácilmente en acoso, que es un comportamiento despreciable, más propio de la horda que de la ciudadanía. Y se da ocasión a los violentos para que hagan de las suyas. Esto lo deberían saber bien tanto en el PP como en Vox, que han sufrido esa clase de acoso en carne propia más de una vez. Hay muchos lugares para manifestarse. Y no cabe exigir respeto a la Constitución faltando al respeto a las personas, por equivocadas que estén.

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