Entrevistaban recientemente en el periódico ‘La Comarca’ a la alcaldesa de Castellote, Raquel Benedí, que recordaba los problemas que vivieron en el municipio, en julio pasado, cuando se desmanteló una plantación de marihuana en el entorno del pantano de Santolea. 

Todo empezó con una reyerta entre los delincuentes, que se saldó con un muerto, dos heridos y siete detenidos. La Guardia Civil vigilaba esa plantación, pero los hechos se precipitaron.

Decía la alcaldesa, "que lo que más le dolió, y es algo que también les trasladé a los agentes, es que hubiéramos estado conviviendo con delincuentes durante tanto tiempo". Estas bandas se acercan cada vez más a las poblaciones para comprar o para beber en los bares. La primera autoridad de un municipio debería estar informada de lo que está ocurriendo ante hechos tan graves. No hay que tener miedo; los alcaldes saben ser discretos y colaboran siempre.

Las bandas albanesas de narcotraficantes llevan tres años radicadas en el Maestrazgo y en el Matarraña. Buscan zonas alejadas de los centros urbanos, que tengan cerca agua de fuentes o pantanos. El clima del territorio no es muy frío. Por eso se extienden también en provincias como Tarragona, Castellón o Gerona.

Los narcotraficantes encuentran en España también un atractivo legal. España es el país europeo con las condenas más bajas por cultivo de marihuana. Por otra parte, como decía un mando de la Guardia Civil, los que están en las plantaciones nunca delatan a sus jefes: "No tienen miedo a las prisiones españolas; a quien tienen miedo es a la organización" del narcotráfico de la que dependen. Puntos de reflexión para quienes son responsables de gobernar y de legislar en España. Una cosa es que no haya miedo a la autoridad y algo muy distinto es que se produzca un efecto llamada que anime a la delincuencia internacional a instalarse en nuestro país.

Cierto que el desmantelamiento de plantaciones es lento, pero cierto, también, que faltan agentes. En las siete comarcas del Bajo Aragón Histórico y de las Cuencas Mineras de Teruel solo se han completado la mitad de las vacantes de la Guardia Civil. La seguridad en el medio rural, y en todo el territorio, debe de constituir una prioridad para los gobernantes. En caso contrario, cunde una amarga sensación de desamparo. 

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