Los fallecidos en el trabajo en Aragón han aumentado un 53% (de 15 a 23) en los primeros ocho meses del año. Y en septiembre la lista se ha engrosado con otros cinco fallecidos. Se trata del peor dato en tres lustros. La cifra de 28 trabajadores muertos supone ya cuatro más que en todo 2022. Solo esta semana hay que lamentar tres víctimas más. Administración y sindicatos coinciden en la necesidad de activar un plan de choque para atajar la sangría de este año, con un repunte que ha sido especialmente significativo en julio, agosto y septiembre. Urge un plan de choque y mayor conciencia social porque la siniestralidad es una tragedia para las familias y las empresas. La seguridad laboral debe ser una prioridad de los gobernantes y, en general, de la sociedad. Por desgracia, lo habitual no es actuar preventivamente sino solo cuando hay un accidente.

El aumento en Aragón de los accidentes mortales en el puesto de trabajo coincide con el de las sanciones por incumplimientos de la ley de prevención de riesgos laborales. Del 1 de enero al 18 de septiembre, la Inspección abrió 3.529 expedientes, que derivaron en 655 infracciones, con propuestas de sanción por 4.004.563 euros, cantidad que ya supera a la de todo el 2022. La construcción acumula la mayor parte de los expedientes (2.663) y el 40% de las multas. Además de incrementar la concienciación entre los trabajadores y entra las empresas, especialmente entre las pequeñas, son necesarios más recursos humanos en la Inspección de Trabajo y en el Instituto de Seguridad y Salud Laboral para llegar a los sectores con mayor siniestralidad. La seguridad y la salud de las personas que trabajan son muy valiosas. Por ello, todos los agentes implicados (ciudadanos, empresas, sindicatos y Administración) deben asumir su compromiso, responsabilizarse y hacer los esfuerzos necesarios para luchar contra esta lacra.