Robar con leyes a la medida
Los espartanos, afamados guerreros y feroces educadores, permitían el robo y el hurto a sus jóvenes reclutas; pero les ponían dos condiciones: una, que no fuesen sorprendidos durante la comisión del delito; y dos, que el robo (incluso el homicidio) ocurriese durante su duro entrenamiento guerrillero, en que debían de procurarse el sustento en un entorno hostil.
Los romanos, autores de un derecho del que aún se nutre Occidente, hacían muchos y oportunos distingos sobre la cuestión. El tratadista Masurio Sabino, cabeza de una escuela jurídica profesional en el siglo I aclaró algunas dudas con ejemplos. Véase uno. Un esclavo huye de su amo. Un hombre lo advierte y extiende su manto de tal modo que parezca que va a cubrirse con él, pero, en realidad, lo que hace es ocultar la huida. Si este lo logra –dice Sabino–, puede ser acusado de robo por el propietario, que perdió un valioso bien por causa de quien facilitó, indirecta, pero conscientemente, la huida del esclavo.
En los últimos meses, a una de las leyes más importantes de nuestro país, que es el Código Penal, le llueven cambios relevantes, hechos aprisa y engullendo etapas de modo que asusta. El Código Penal es la ley que puede sancionar de modo tan completo que incluye la privación de libertad. El condenado vivirá encerrado, usualmente durante años. Por eso su reforma exige especial reposo y reunión de consensos. Por eso suele resultar contraproducente legislar ‘en caliente’ para aplacar las alarmas o resquemores que ha producido un hecho reciente. Por eso deben concurrir al consenso no solo los legisladores, sino los expertos reconocidos y ha de consultarse con alguna parsimonia a posibles sectores sociales especialmente afectados. Cualquiera lo comprende. Y también lo comprenden los malos legisladores.
Reformas al gusto
En el año 2015, el PP realizó una reforma dirigida de forma visible a sancionar la desfachatez de Artur Mas, promotor del llamado referéndum separatista del año anterior y capitán Araña de tantas otras ilegalidades en las que puso el impulso y escurrió el bulto. Para librarse de sus responsabilidades por haber gastado una fortunita en promover hechos ilegales bastó con que devolviese cinco millones de euros. Y eso fue todo. La reforma de Rajoy, en su almendra, consistió en aumentar la pena para un hecho así en una mitad (hasta los doce años) y suprimir la distinción entre el despilfarro común de dinero público o su robo directo para el propio lucro. Se calificó todo de la misma manera y luego ya sería de aplicación a los condenados del ‘procés’ que malversaron, con o sin intención de enriquecerse personalmente.
La última reforma, en la que el socialismo, versión sanchista, ha seguido a pies juntillas los dictados del separatismo catalán (y, en particular, los de Esquerra), ha buscado propósitos semejantes y seguido cauces similares.
Y a toda velocidad: en medio mes quedaron reformados en el Código los tipos de dos delitos tan graves como la sedición y la malversación. Algunos han defendido la reforma subrayando que, contra lo que aseguraban los opositores al Gobierno y sus socios de Bildu y Esquerra, en nada ha variado este cambio el estatus del fugitivo Puigdemont o el del reo Junqueras. Claro que no: la artillería anterior afectaba a objetivos menos ostensibles para la generalidad de los españoles, aunque notorios en medios independentistas: al menos a J. M. Jové, dueño de la agenda de Junqueras y de sus secretos, y a L. Salvadó, hombre fuerte de las finanzas del Govern. Por eso es comprensible que los sanchistas se avengan a pagar ese nuevo peaje: si no hay ánimo de lucro en la malversación, habrá de considerarse poca cosa, una futesa, un delito casi baladí. Volvamos a la situación anterior a 2015 que no permitía condenar a más de tres años a quien malversara sin enriquecimiento personal directo.
No estaban locos
En su perdido manual de Derecho civil, Sabino define el robo de un modo muy práctico y simple: "Comete robo quien se ha adueñado de la propiedad de otro cuando sabía que actuaba contra la voluntad del poseedor". La propiedad del otro es, en nuestros casos más notorios de los últimos años, el dinero público. Ese que según un talento de mujer, hoy cruelmente postergada por los suyos, "no es de nadie".
El viejo y famoso Catón, cuya memoria aún perdura, ya dejó escrita esta frase en el siglo II a. de C., hija de su experiencia biográfica, dilatada y enriquecida por el largo ejercicio de las mayores magistraturas romanas de su tiempo: "Quienes roban a los particulares pasan la vida entre hierros; los ladrones del Estado viven en oro y púrpura". Mutatis mutandis, no tardaremos mucho en comprobar cuánta razón tenía aquel famoso político y general.
Los romanos, diga lo que diga Goscinny, distaban de estar locos.
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