Este fin de semana, el Gobierno lo ha apostado todo a la vivienda, con el anuncio a bombo y platillo del desbloqueo del proyecto de ley de vivienda -junto a sus constantes socios de UP más ERC y Bildu- y la promesa del presidente Sánchez de "movilizar" 550.000 pisos de la Sareb.

Este nombre retrotrae inmediatamente a lo peor de la crisis de 2008, porque corresponde a “sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria”, coloquialmente ‘banco malo’. En realidad, no es un banco, sino una empresa creada en 2012 por el gobierno Rajoy para rescatar los activos inmobiliarios tóxicos de las entidades financieras rescatadas.

Que España está a la cola de los países europeos en vivienda social es un hecho conocido desde hace años. Por eso cabe interpretar el anuncio de Sánchez como señuelo electoral. Sobre todo porque en octubre de 2021 ya prometió en Mérida la construcción de 100.000 viviendas, un tercio para alquiler joven. De ese plan nada se ha sabido, y ahora salen a escena esos 50.000 pisos de la Sareb, que van menguando conforme se conoce la letra pequeña. En realidad, solo 21.000 de estas viviendas estarán disponibles en el plazo de un año, ya que buena parte requiere de obras de acondicionamiento que otras 14.000 ya tienen inquilinos. La cosa se complica si se observa la distribución geográfica de los inmuebles disponibles, ya que un porcentaje mínimo está en grandes ciudades. Así que el problema de la vivienda sigue a la espera a de una solución con cimientos más sólidos.

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