Tránsfugas, empresas y partidos
La semana que se cierra revela que sigue incomodando la libertad: la que tiene una multinacional como Ferrovial para defender sus intereses desde otra sede social dentro de la Unión Europea, pese a que supone una lógica mala noticia; la de un concejal para definir qué quiere hacer y con quién quiere compartir sus ideas; la de un propietario de una vivienda al que le dictan por ley qué porcentaje puede subir el alquiler de su piso.
Alguien parece que pretende que sigamos a pies juntillas lo que dicta el gobierno de turno sin opción a la crítica.
Ferrovial se marcha porque considera que así defiende mejor los intereses de sus accionistas. Lo peor no reside en la falta de sensibilidad de algunos ministros, zarandeando verbalmente a los propietarios de una empresa, sino en desconocer cuáles son las reglas que rigen el mercado, ante quién tiene que rendir cuentas Ferrovial y cuál es la participación de su accionariado. El mejor antídoto para evitar otro caso similar sería la implantación de suficientes incentivos para la captación empresarial.
La semana ha derivado en el enésimo entuerto sobre el transfuguismo en Aragón. ¿Quién es o no es un tránsfuga? El problema no lo tiene quien recibe un activo político sino quien considera que puede cambiar de partido sin excesivo acto de contrición para garantizar la soldada. Dejemos al personal ser libre en sus errores o aciertos. Pero el mayor desatino ha sido, sin duda, el de la ley de vivienda, del brazo de Bildu y ERC, que evoca el peor de los intervencionismos.
