El Gobierno de Pedro Sánchez volverá a apoyarse en los separatistas para aprobar la ley de vivienda, la de más larga gestación de la legislatura. 

Una ley en la que el PSOE, finalmente, ha aceptado en buena medida las tesis intervencionistas propugnadas por Unidas Podemos, que no resultarán eficaces para solucionar los graves problemas de acceso a la vivienda que sufren muchos españoles, especialmente en algunas ciudades.

Las dificultades de muchas personas y familias para disponer de una vivienda en condiciones razonables suponen un serio problema social y económico, que en particular lastra los proyectos vitales de muchos jóvenes. Es lógico por tanto que se implementen políticas públicas de ayuda y promoción, centradas sobre todo en el alquiler. Pero la propuesta de establecer límites a los precios de arrendamiento, al menos en las zonas consideradas como ‘tensionadas’, no conseguirá resolver la diferencia entre la oferta y la demanda que está en la base de la subida de los alquileres. Además, puede lesionar legítimos derechos de los propietarios. En todo caso, serán las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes se encarguen de la aplicación de la ley, lo que sin duda permitirá importantes diferencias en su adaptación. Para el Gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos, sometido a crecientes tensiones internas, el acuerdo para aprobar de la ley de vivienda supone una dosis de oxígeno justo antes de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas; y ofrece también un alivio en su pugna con Yolanda Díaz al partido morado, principal impulsor de la norma, al haber conseguido plasmar su planteamiento intervencionista. Pero al mismo tiempo pone una vez más de manifiesto la dependencia del separatismo catalán y de los herederos de ETA que ha marcado la gestión de Sánchez durante toda la legislatura, y que muchos españoles reprueban con razón.