Otra decepción

Alentados por un triunfalismo del Gobierno aragonés que nos indicaba que, como el Gobierno español iba a desconcentrar organismos públicos hacia la España despoblada, era lo normal que la Agencia Espacial tuviera su sede en Teruel, nos lo creímos. 

Era una justa medida en favor de la España despoblada y que comportaba la movilización de 4.500 millones de euros para generar oportunidades, un ejemplo en fortalecer la igualdad de oportunidades al facilitar a la ciudadanía con independencia de su residencia el poder trabajar en unidades públicas estatales o la creación de sinergias dinamizadoras de la economía. En fin, era un chollo y Teruel era con justicia el merecedor del mismo… hasta que el Consejo de Ministros votó por unanimidad que el agraciado con esa iniciativa a favor de la España despoblada no fuera Teruel sino Sevilla (a la que hay que felicitar). Para los aragoneses, una decepción.

Cuando se pensó en los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030 se nos dijo que se trataba de una candidatura con sedes en Aragón y Cataluña y que ello supondría para nuestra Comunidad una gran ventaja económica y social, especialmente para Huesca… Pero luego se pasó a que Aragón solo era una comparsa bajo la batuta catalana y luego, para no discutir, no se ha presentado candidatura alguna.

Más recientemente pareció que, tras gestiones del Gobierno de Aragón, existía algo más que una posibilidad de que Aragón fuera la sede de la gigafactoría de una planta de baterías que conllevaba grandes inversiones (3.000 millones de euros), empleos directos ( 3.000) y otros indirectos (12.000), y que tal proyecto, con apoyo estatal, se presentaba como "capaz de transformar la economía aragonesa"... Pero vino el primer fiasco que supuso la elección –según el presidente de Aragón, Javier Lambán, "por razones que trascienden de lo autonómico"– de su instalación en Sagunto. Nueva decepción.

Ha habido otras frustraciones, como la de los Presupuestos Generales del Estado, que contemplan partidas testimoniales incapaces de que con ellas se realicen las obras o infraestructuras demandadas o prometidas desde hace años, o la decepción por la postergación de la reforma de la financiación autonómica, etcétera, etcétera (sin perjuicio de logros notables pero sostenidos por la iniciativa privada y alguna esperanza como la instalación de un lanzador de microsatélites en Teruel), pero todo ello no es el objeto de este escrito.

La última decepción, si no se impide, consiste en que el 7 de febrero de 2008 el presidente del Gobierno español, en su visita a la ciudad de Teruel, anunció a bombo y platillo la creación en esa ciudad del Museo Nacional de Etnografía. La Diputación Provincial de Teruel hizo la cesión al Ministerio del gran edificio de la antigua Casa de Misericordia, luego hogar Comandante Aguado, para que albergara ese Museo Nacional. Se encargó el proyecto constructivo a Olano y Mendo y se comenzó a definir su contenido conceptual, apropiado al siglo XXI (diferente al Museo del Pueblo Español, al Museo Nacional de Antropología y a museos locales de digna mención pero focalizados en el mundo rural preindustrial).

Se anunciaba –con gran contento de aficionados, estudiosos e investigadores– que supondría la llegada de miles de piezas pertenecientes a colecciones estatales de carácter etnográfico que duermen en algún lugar o están asignadas provisionalmente al Museo del Traje de Madrid (con 107.000 piezas acumuladas que no se exponen actualmente) o al Centro de Investigación de Patrimonio Etnológico. Además el Museo crearía al menos 155 puestos de trabajo.

Parecía que el asunto iba en serio y el a la sazón titular de la cartera de Cultura, don César Antonio Molina, aseguró "que el museo que se construirá en Teruel será el gran centro de la memoria histórica y la vida cotidiana de España". El Museo Nacional sería de titularidad estatal y, como precisó el ministro, estaría adscrito al Ministerio de Cultura aunque dirigido por una fundación en cuyo patronato estaría el Ministerio junto al Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Teruel, y la Universidad.

El Gobierno central, con el cambio de gobierno y la pandemia, reculó. Dejó aparcado el tema y la posesión del edificio volvió en 2018 a manos de la Diputación, desde donde aseguran estar dispuestos de nuevo a la entrega para que el museo sea una realidad. Quedaba la esperanza (aunque con el consabido temor de que el Gobierno del Estado español trata de forma desigual a los españoles) de que se retomara el tema. La esperanza se desvanecía con el paso del tiempo.

Y así ha sido. El Gobierno central, de quien había surgido la promesa y que tendría que hacerse cargo de la misma, ha decidido ahora que sea a la Diputación Provincial de Teruel a la que se le endosa el gran gasto y responsabilidad de ese museo –que ya no se nombra como nacional sino como museo a secas– y que se apañe con cuatro millones de euros, cuando sólo el proyecto fue valorado en su día en cerca de cuarenta y siete millones. Es decir: adiós al Museo Nacional de Etnografía, por más que el presidente de la Diputación muestre su predisposición para repetir la cesión para ese proyecto "que beneficiaría a la provincia".

Aún confiamos en que se haga algo para que no ocurra.