La antidemocrática decisión de Pedro Castillo, expresidente de Perú, de disolver el Parlamento desató una tragedia en el país y le llevó a la cárcel. Las organizaciones populares no reconocen al nuevo gobierno, encabezado por la anterior vicepresidenta, Dina Boluarte, y reclaman la convocatoria inmediata de elecciones. 

Extendidas por el país, las movilizaciones desembocaron en enfrentamientos entre la población y las fuerzas de seguridad, dejando hasta hoy cerca de cincuenta muertos y más de quinientos heridos. Mensajes angustiosos piden la mediación internacional: "Hagan algo, por favor, nos están matando".

En nuestro país, tan cercano histórica y culturalmente, un silencio clamoroso, apenas interrumpido por algunas noticias, lo llena todo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el país, la UE condenó el uso desproporcionado de la violencia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a los manifestantes a la contención y pidió a las autoridades buscar a los responsables de las muertes y garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y la reparación. Me pregunto si es suficiente, si este conflicto no pone sobre la mesa carencias graves de la gobernanza global. ¿Faltan protocolos internacionales efectivos para interponerse ante la violencia –entre países o en el interior de un país– que establezcan una interlocución y una mediación permanente? ¿O los que hay son lentos y no existen líderes que los pongan en marcha?