La visita de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, el pasado lunes a Andorra para explicar el plan de transición justa ha vuelto a dejar la sensación de que en el Gobierno trabajan a la manera del despotismo ilustrado: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. 

Así, anuncia proyectos millonarios, de los que se ocuparán grandes empresas y consultoras con sede en la capital, mientras una pregunta recorre las parameras donde se levantan las plantas eólicas y fotovoltaicas que se viene a compensar: cuando los proyectos pasen del papel a la realidad, ¿cuántas personas quedarán para aplicarlos?

Según datos recientes, el 49% de los nacidos en la provincia de Teruel vive fuera; es, junto con Zamora, la de más emigrados. En las Cuencas Mineras, entre minas y central térmica, hubo nada menos que 4.000 personas trabajando directamente, buena parte de las cuales, tras los cierres, tomaron el camino de Zaragoza. O de Valencia, que hace mejor tiempo y el gasto en calefacción es menor.

Porque, a estas alturas, en el proceso de transición energética, lo que aún no tiene explicación es que los primeros beneficiados no hayan sido ni sean directamente los habitantes de los lugares que ponen los lomos de la transición. Así las cosas, lo que hacen quienes aún habían resistido es lo de siempre: irse. Las grandes ayudas, los grandes planes quedan muy lejos para la mayoría de los habitantes de los pueblos más energéticos de Aragón, donde ya no debería instalarse un parque que no lleve dentro energía gratis o bonificada para lo vecinos. Tampoco, que el despliegue no se rija por las leyes del urbanismo, con reparto equitativo de cargas y beneficios…

Y si se desarrollase el impuesto a las renovables que está estudiando la DGA, que vuelva a los lugares que generan la energía. Por un lado, para restituirles ese acceso del que no han dispuesto. Por otro, para dotar a esos lugares de la otra herramienta imprescindible: acceso libre a internet y recursos para paliar deficiencias y apoyar el mantenimiento de servicios locales concretos y necesarios.

A la vez que se anuncian planes millonarios, han cerrado varios hornos de pan de Aragón. En el mismo itinerario del autobús de línea que sigue el curso del río Huerva aguas arriba, tres: Mezalocha, Villanueva de Huerva y Herrera de los Navarros. Han coincidido la jubilación de sus panaderos y que es un trabajo muy duro. También, que la población sigue menguando. Pero, para colmo, que la factura de la luz es insoportable. Que eso ocurra a la sombra de cientos de aerogeneradores que producen miles de kilovatios hora, que se evacuan en enormes tendidos y torres a las grandes metrópolis, es una injusticia medieval.

Ahora, llegan nuevas noticias de que Europa va a levantar las barreras medioambientales a las renovables ‘por interés superior’, para preservar la salud y asegurar el suministro de energías limpias. Ese proceso, ante el que es difícil resistirse, debería ir, sí o sí, acompañado del acceso bonificado a esa energía de los lugares que la generan, y con cupos para que los ayuntamientos puedan apoyar actividades que construyen comunidad y ayudan a que un pueblo siga vivo y la gente no se vaya. Como esos hornos, el bar o la tienda. Mucho mejor que cualquier impuesto.

Bienvenido sea el nuevo espíritu de este tiempo, de planes de inversión, de exigir más compensaciones, como el cupo energético para las autonomías productoras… pero en el primer convoy debe ir un plan de choque para ayudar a que los que aún están se queden. E, incluso, alguno vuelva y otros vayan de propio. Y desde el respeto a las singularidades.

Esta misma semana, La Torre del Visco recibía una estrella verde Michelin por su cocina sostenible. Detrás del Relais Chateau de Fuentespalda (Teruel) hay tres décadas de mucho trabajo y turismo ejemplar, de inspirar a otros, de crear empleo, de recuperar patrimonio y cultivos. De haber desafiado a todo tipo de contrariedades y haberlas superado. Un hito que nos obliga.