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Lucha contra el suicidio juvenil

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  • Editorial
Contenido exclusivoOPINIÓNACTUALIZADA 24/11/2022 A LAS 05:00
Rueda de prensa celebrada este miércoles en la que se han presentado los datos recogidos en el 'Protocolo para la prevención, detección e intervención de la ideación suicida en el ámbito escolar'
Rueda de prensa celebrada este miércoles en la que se han presentado los datos recogidos en el 'Protocolo para la prevención, detección e intervención de la ideación suicida en el ámbito escolar'
Javier Cebollada/EFE

El protocolo para la prevención de la ideación suicida que se implantó en los colegios de Aragón el curso anterior ha hecho saltar las alarmas en el actual: son ya 140 los casos a los que se está haciendo un seguimiento, tanto desde Educación como desde Sanidad. En el curso 2021-2022, se analizó la situación de varios cientos de alumnos y 21 necesitaron una intervención psiquiátrica intensa. Los servicios sanitarios y educativos están respondiendo al incremento de situaciones psicológicas vulnerables entre niños y adolescentes que ha traído, según los especialistas, la pandemia de la covid. No hay que ocultar este grave problema, pues el suicidio se ha convertido en España en la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años después de los tumores. Hay que recurrir a la prevención y la intervención para evitar el drama. 

El perfil predominante en los casos detectados en los centros escolares de Aragón es femenino (61%) y la edad media de estos alumnos se sitúa en torno a los 13 años. El acoso escolar está detrás de un tercio de las situaciones en las que un chico o una chica piensa en el suicidio. Además, una cuarta parte (un 27%) es víctima de algún tipo de violencia (intrafamiliar o sexual) y un 57% vive en un entorno familiar conflictivo o desestructurado. Espacialmente, un 68% de los casos se han detectado en el ámbito urbano y un 32% en el rural. Estos datos son clave para potenciar los programas de prevención, donde profesionales especializados pueden desempeñar un papel fundamental en la identificación y el acompañamiento.

Como sociedad, todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad cívica de estar atentos a este problema, de facilitar la aplicación de los protocolos de prevención, de evitar el estigma asociado a la salud mental y de procurar que se tutele a los jóvenes una vez diagnosticado el riesgo.

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