Malas prácticas legislativas
Estamos asistiendo a una expansión de la idea de ‘buenas prácticas’ cada vez a más ámbitos profesionales.
Aunque vieja conocida (mala praxis... deontología) aparece ahora como novedosa, disfrazada de barbarismos: ‘fair-play’, ‘compliance’, ‘due diligence’. Es un escenario interesante: está más allá de las obligaciones que se derivan de la legislación, pero sin llegar al nivel superior que reservamos para la ética. Un amplio espacio que podemos resumir como el compromiso con el uso leal de una determinada técnica o pericia profesional, en que aparecen conceptos mayores como deber y lealtad. Tan cotidianos y tan esquivos.
Por esta expansión de la idea de buenas prácticas (en sus diferentes denominaciones más o menos cursis e innecesarias), me parece especialmente reprochable que no se desarrollen en el manejo de una herramienta social tan poderosa como la actividad legislativa. Se trataría simplemente de convenir unas reglas más exigentes que las recogidas en la Constitución y las leyes, que definan la lealtad en el uso de la potestad normativa.
Dentro del abanico de los diferentes tipos de norma, el Real Decreto-ley es el más expuesto a las malas prácticas; el que, por ello, debiera concentrar los mayores cuidados. Es una anomalía de la racionalidad normativa. Rompe el esquema básico en que hay unas normas que definen un marco, que requieren mayor reflexión y en cuya elaboración es bueno que participe una mayor representación de la sociedad (ley en sentido estricto) y otras que deben ser más dinámicas, con un procedimiento de elaboración menos garantista y encomendadas no a las Cortes sino a los gobiernos.
Un Real Decreto-ley es una norma del gobierno que ocupa un espacio reservado para una ley de Cortes; una usurpación tolerada. Por eso su regulación destaca la condición de excepcionalidad. ¡Qué lejos de la banalidad con la que se está acudiendo a este remedio! El deterioro es mayor en los Reales Decretos-ley de contenido heterogéneo. El más reciente, el 14 de 2022, que regula desde el ahorro del consumo de gas hasta el transporte terrestre o marítimo, pasando por becas. La heterogeneidad del contenido hace imposible una adecuada valoración de la concurrencia de las circunstancias de excepcionalidad exigibles para el recurso a esta técnica. ¿Por qué no se presentan tres o cuatro normas distintas? Eso permitiría una valoración diferenciada y una convalidación ajustada a cada uno de los temas. El Gobierno sabe que un decreto-ley no es una hamburguesa, en la que yo puedo quitar la cebolla o el pepinillo pero conservar el resto. Nuestra ’hamburguesa normativa’ viene empaquetada: todo o nada. Imaginemos alguien hambriento pero alérgico al pepinillo: le ofrecemos la hamburguesa completa y la rechaza. ¿Sería leal afirmar que se niega a alimentarse?
Si los contenidos del decreto-ley 14/2022 se hubiesen presentando de manera diferenciada, seguro que grupos que no aprueban su convalidación en bloque hubiesen aceptado hacerlo con muchas de sus materias. La buenas prácticas aplicadas al ámbito legislativo contienen la idea de la ‘carga de la persuasión’: el que hace la propuesta es quien está obligado a buscar y aplicar los medios para persuadir a otros para que le secunden. Las posibilidades son mayores si se presentan propuestas segmentadas. Es lo que se hace en las negociaciones: ir aprobando lo que recibe mayor consenso. Siendo ésta la estrategia más simple, se opta por la complicación de mezclar cosas inconexas, sabiendo que un mal contenido arrastrará al fracaso al resto. ¿Por qué se busca la confusión? ¿Qué gana el Gobierno con esta torpeza estratégica?
Este uso desleal de la técnica normativa le permite generar subproductos retóricos, argumentos falaces pero eficaces: permite trocear deslealmente la realidad y decir que el Partido Popular se opone al incremento de becas, de las pensiones, y frases de argumentario de este tenor. Se propicia el fracaso de la negociación para consolidar la imagen de oposición desleal instalada en el ‘no’. Que pone zancadillas (volvemos a la retórica futbolera); que juega sucio.
Siempre he pensado que las opciones progresistas se sometían a reglas más amplias que la desregulación exigida por los liberales extremos; que desarrollaban buenas prácticas más exigentes, también en el uso de la legislación. Parece que ya no es así.
