Me preocupa seriamente esa sistemática campaña contra la oposición que está llevando de un tiempo a esta parte el Gobierno, secundado por el Partido Socialista.

 No hay día en que algún ministro o ministra o portavoz no cargue de forma desmesurada, inmisericorde y a veces barriobajera, rozando el insulto, contra el Partido Popular y su actual presidente, el señor Alberto Núñez Feijóo, que a veces contesta -¡cómo no va a contestar la oposición!- con un tono mesurado y tranquilo, no exento de firmeza, sin entrar al trapo, lo que debe de desconcertar y exasperar más aún a quienes le lanzan sus diatribas.

Hay momentos en que da la impresión de que se trata de deslegitimar a la oposición, de declararla como inútil o inservible, camino que nos podría llevar a justificar su misma eliminación, bien por el procedimiento de declarar a sus partidos inconstitucionales bien por el intento de una perpetuación en el poder de la actual estructura gubernamental, que se consideraría como única opción de gobierno, instaurando así un régimen indeseable.

Bien es cierto que la Constitución española no habla de la oposición como institución del Estado, como hacen otras constituciones, a no ser que se haga una interpretación-deducción quizá demasiado extensiva del artículo 1.2 y del 6; ya hubo un intento, tras la victoria del PSOE en las elecciones de 1982, de organizar, por parte de la mesa del Congreso, algo así como un estatuto de la oposición, creando incluso una oficina para su jefe dotada con ciertos recursos, si bien el intento no prosperó. Y también es verdad que parte de la doctrina constitucional reclama la posibilidad de incorporar a nuestro ordenamiento ese hoy inexistente estatuto de la oposición.

Porque la oposición es necesaria y cumple varias funciones entre las que pueden destacarse el seguimiento, la crítica y el control de las acciones del gobierno y la de constituir la alternativa al gobierno, asunto esencial y completamente legítimo en cualquier democracia que se precie.

Es verdad que la oposición puede resultar molesta para quienes no la perciban en esa función controladora y de garantía del funcionamiento democrático del sistema; negarla, o pretender ignorarla o, peor aún, tratar de deslegitimarla es tanto como pretender eliminar los contrapesos a que debe estar sometido el poder en evitación, precisamente, de los tics autoritarios que suelen rondar los entornos del poder.

La oposición, como representación de una minoría que también emana del pueblo forma parte de la soberanía nacional y es un respetable aspirante a ser la alternativa al gobierno en curso. Por ello la oposición debe ser educada y democráticamente aceptada y respetada y, es más, vista como un posible aliado para alcanzar con ella consensos que sin duda habrán de ser útiles y valiosos para el país, especialmente en momentos de dificultad. Claro que para eso hace falta contar con gobernantes con talento y talante.